Partidos políticos tienen entre sus afiliados a 35 requisitoriados por delitos graves

Por: Paloma Verano y Karina Valencia

José Antonio Aquino Montoro tiene, desde el año 2022, una orden de captura por el homicidio del abogado Norberto Haro Espinoza en Huaraz y su rostro aparece en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior, donde se pide 20 mil soles por su paradero. Lo mismo ocurre con Luis Francisco Pardo Paico quien, desde el 2017, es buscado por la justicia tras ser acusado de violación sexual de un menor de edad y también se solicita 20 mil soles por su captura. Otro caso es el de Rosa Angélica Ayachi Ojanama, investigada por el delito de tráfico ilícito de drogas y por quien la policía ofrece 15 mil soles por su paradero. 

¿Qué tienen en común estos tres requisitoriados además de ser de los más buscados por el Ministerio del Interior? Que los tres son afiliados vigentes de partidos políticos que participarán en las Elecciones 2026.

Una investigación de RPP Data y El Poder en tus Manos halló que 35 de las personas más buscadas por la policía, por quienes se ofrecen miles de soles por su captura y son investigadas por delitos graves como homicidio, violación, lavado de activos, trata de personas o narcotráfico figuran como afiliados a organizaciones políticas; afiliaciones que fueron registradas ante el Jurado Nacional de Elecciones. 

A través de una solicitud de acceso a la información pública al Ministerio del Interior, se obtuvo el listado de los 830 requisitoriados incluidos en el Programa de Recompensas. Luego, se consultaron los datos de cada uno de ellos en el padrón de afiliados del Registro de Organizaciones Políticas del JNE. 

El resultado evidencia la falta de formalidad de las organizaciones políticas para filtrar a sus integrantes, sobre todo de aquellos que tienen antecedentes, opina Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE. “Sí es una preocupación que partidos políticos lo integren personas que son de las más buscadas en el país. Lo que sucede es que los partidos no filtran o no tienen filtros adecuados porque, en realidad, muchos de ellos incorporan gente de forma fraguada (...) o ya sea por favores, contraprestaciones o diferentes razones”, señala.

¿Qué partidos tienen más afiliados dentro de los requisitoriados?

El partido con más integrantes dentro de la lista de más buscados es Perú Libre, con seis requisitoriados. El más conocido es Vladimir Cerrón, fundador del partido con orden de captura vigente por los delitos de organización criminal, colusión agravada, cohecho pasivo propio y negociación incompatible. La PNP ofrece medio millón de soles por su paradero.

Le sigue Francisco Muedas Santana, exfuncionario del Gobierno Regional de Junín, investigado por integrar la organización criminal “Los Dinámicos del Centro”. Por información sobre su paradero se piden 50 mil soles. También figuran Santos Bruno Román Herrera, denunciado por el delito de tráfico ilícito de drogas, y Juan Boza Yarice y Wilfredo Jesús Morales, ambos con orden de captura por violación sexual de menor de edad y por quienes se solicita 15 mil soles por cada uno. 

RPP solicitó una entrevista con Waldemar Cerrón, congresista y miembro del partido, pero hasta la publicación del informe, no respondió. 

Alianza Para el Progreso, agrupación política liderada por César Acuña, sigue en la lista con cinco de sus afiliados dentro de los más buscados. Entre ellos figuran José Antonio Aquino Montoro, investigado por homicidio calificado; Yudith Ramírez Ysuiza, condenada por el delito de trata de personas agravada en agravio de un menor de edad y con una solicitud de extradición desde Argentina desde el 2024.

Figuran además Melita Esther Alayo Castillo y Eliseo Ríos Sebastian, ambos investigados por el delito de tráfico ilícito de drogas y Marcos Antonio Guerrero Dávila, con requisitoria por violación sexual de menor de edad. 

En conversación con RPP, Luis Valdez, secretario general de Alianza para el Progreso, refirió no tener conocimiento de los antecedentes de estas personas y que, lo más probable, era que la mayoría hubiera cometido estos delitos después de haber sido inscritos al partido. 

“APP tiene cerca de 400 mil militantes, lamentablemente no a todos los conocemos directamente (...) Los partidos políticos no hemos podido acceder a esta información y lo más probable es que, en la fecha en la que estas personas se afiliaron al partido, no contaban con ese tipo de antecedente. En el camino es probable que hayan asumido estas responsabilidades de carácter penal o que tengan problemas con la justicia. Lo que tiene que ocurrir es la respuesta inmediata del partido y que sean expulsados lo más pronto posible”, declaró.

Sin embargo, Eliseo Ríos Sebastian, requisitoriado por tráfico ilícito de drogas en Cusco, fue inscrito en el partido de César Acuña ante el Jurado Nacional de Elecciones el 5 de octubre del 2017, seis meses después de aparecer en la lista de los más buscados [25 de noviembre de 2016] como consta en su registro de afiliación. 

Acción Popular también cuenta con cinco afiliados en la lista del Programa de Recompensas. Estos son Grace Hainy Carrillo Ríos, denunciada por asociación ilícita para delinquir-extorsión y Rosa Angélica Ayachi Ojanama, denunciada por tráfico ilícito de drogas. Por su parte, Víctor Orestes Rosas Guzmán, Gilter Roniel Ojanama Caritimari y Arturo Carrasco Bolívar tienen orden de captura por violación sexual y se pide entre 15 mil y 20 mil soles por cada uno. 

El presidente del partido, Julio Chávez Chiong, respondió a RPP que se tendría que revisar quién afilió a estas personas en el pasado y aseguró que activarán los procesos de la organización para expulsarlas. 

“Nuestros reglamentos internos posibilitan que si una persona está siendo procesada o es condenada por algún delito doloso el partido inicia un proceso sumarísimo de separación o expulsión de esta persona. Son personas que están afiliadas no sé por qué”, detalló. 

Solicitó además que se pueda contar con una base de datos completa para revisar constantemente el estado de sus afiliados. “Se podría buscar la manera a través de un dispositivo legal, tal vez, para que los operadores de justicia, la propia policía o el Ministerio del Interior puedan cruzar esa data con nosotros para poder hacer ese filtro permanente de nuestros militantes. No estamos ajenos a que se pueda filtrar gente indebida”, indicó. 

Somos Perú tiene cuatro afiliados prófugos de la justicia. Se trata de Gregorio Luque Apaza, exalcalde del distrito de San Juan de Oro en Puno, quien fue sentenciado a 17 años y 6 meses de prisión por los delitos de “peculado doloso, malversación de fondos, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo” por el Juzgado Penal Colegiado conformado especializado en Delitos de Corrupción de Puno. Luque Apaza está prófugo desde el 2017 y la Policía pide 20 mil soles por su paradero. 

Rodman Gilberto Aguilar Cancino está requisitoriado por tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos contra cinco menores de edad en Moquegua. Ricardo Patricio Mamani Mamani tiene una orden de captura por violación de persona en incapacidad de resistirse y Luis Francisco Pardo Paico está prófugo por violación sexual de menor de edad. Todos están afiliados al partido Somos Perú en el Registro de Organizaciones Políticas del JNE. 

En conversación con RPP, Uvaldo Pizarro, secretario electoral de Somos Perú, afirmó que el partido no conocía sobre estas personas ni sus antecedentes y que iniciarán el proceso de desafiliación. “No hemos tenido conocimiento. Son afiliados desde el año 2006, si después de eso está vigente alguna prisión preventiva, orden de captura o una sentencia en primera instancia o segunda instancia, tengan por seguro que nosotros vamos a tomar las medidas e inmediatamente haremos que el comité de Ética emita su resolución y enviaríamos al registro de organizaciones políticas su desafiliación”, comentó. 

Renovación Popular es otro de los partidos que tienen a un afiliado con orden de captura por lesiones graves. Se trata de Luigui Antonio Gonzáles Pérez y la policía solicita 20 mil soles por su paradero. Solicitamos una entrevista con algún vocero del partido, pero hasta la publicación de este informe no contestaron. 

Por su parte, Podemos Perú también tiene, entre sus filas, a un requisitoriado. Se trata de Alfredo Raúl Toledo Fernández, investigado por presunta organización criminal y lavado de activos. El secretario nacional general del partido, José Luna Morales, también dijo que no tenían conocimiento y que iniciarán el proceso de expulsión. 

“Como partido político tenemos 47 mil afiliados. Si uno de ellos es sentenciado en alguna región o provincia, no tenemos manera de enterarnos, a menos que hagamos una revisión de todos los afiliados para poder encontrar si hay alguno que esté en esa situación. Podría ser esa una posibilidad: que los órganos electorales trimestralmente o semestralmente informen a los partidos sobre las personas que tienen en esas condiciones”, indicó. 

Perú Primero es otro de los partidos involucrados. Tiene entre sus filas a Marco Antonio Jesús Pajares Rivero, investigado por violación sexual de persona en incapacidad de defenderse en Huamanga, Ayacucho. Pajares Rivero fue inscrito en el partido durante el 2024, pese a que tenía una orden de captura desde el 2022. Alejandro Salas, vocero de Perú Primero, señaló que los coordinadores regionales son quienes se encargaron de inscribir a esta persona, y que le pedirán explicaciones al personero legal. 

“Cabe mucho la capacitación a cada coordinador regional. Si bien es cierto, Lima centraliza las fichas de todo el país, sí es importante que los coordinadores regionales estén advertidos de ciudadanos que puedan tener algún tipo de antecedente y que no podrían participar en la vida política. Pero también es fundamental que se le dé a los partidos políticos mayores y mejores herramientas para poder hacer sus filtros, que sean más fáciles y más amigables y que la ONPE como el JNE puedan capacitar a los partidos políticos”, comentó. 

El Partido Demócrata Unido Perú tiene como afiliado a Julio Teófilo Rodríguez Cáceres, requisitoriado por violación sexual desde el 2024. Desde la agrupación indicaron que esta persona fue inscrita antes de ser buscado por la PNP y que será expulsado. "La respuesta contundente es que, conforme al estatuto del partido, esto significa una falta grave, por consiguiente, esta persona será expulsada de inmediato", mencionó Carlos Rodríguez, asistente de la presidencia del partido.  

Finalmente, el Partido Patriótico del Perú también registró un caso similar: Edgar Blas León, requisitoriado por violación sexual de una menor de edad, está afiliado al partido desde el 2021. El presidente de esta organización, Herbert Caller, pidió que las instituciones electorales curse estos datos con los partidos para filtrar mejor las inscripciones. Añadió que Blas León será expulsado del partido.  

“Si los partidos políticos tuviesen que hacer ese análisis cada uno por su cuenta, la carga sería mucho mayor, pero si el sistema judicial pudiese comunicar directamente al sistema electoral sobre estos requisitoriados afiliados a partidos políticos, sería mucho más fácil [hacer el filtro] porque sería automático”, detalló. 

En la búsqueda que realizó RPP también encontró a dos partidos en procesos de inscripción con requisitoriados por homicidio dentro de sus afiliados. Se trata de Nueva Gente, que tiene como afiliado a Luis Andrés Nuñez Moreno desde el 2025, pese a que tiene orden de captura por homicidio calificado desde el 2021. Mientras que el otro partido es Visión Perú, que tiene a Williams Smith Castaño Martínez como afiliado también desde el 2025, pese a que tiene una requisitoria desde el 2017. 

Nos comunicamos con los personeros legales de cada partido, pero hasta el cierre del informe no hubo respuesta. 

¿Es posible que los requisitoriados participen en política o que postulen a cargos públicos?

Las personas incluidas en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior están en calidad de investigados, cuentan con prisión preventiva, prisión preliminar, figuran como reo contumaz o tienen una sentencia condenatoria. 

¿Están prohibidos de ser parte de una organización política? El abogado experto en derecho electoral, José Manuel Villalobos, explica lo que dice la Constitución Política del Perú. 

“Las personas que están requisitoriadas porque sobre ellas pesa un mandato de prisión preventiva o de detención preliminar no tienen suspendida su ciudadanía. Es decir, que si forman parte de un partido político o movimiento regional, lo pueden seguir haciendo, porque la Constitución garantiza la presunción de inocencia”, detalla. 

Esto es reafirmado por Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE. “Si eres un requisitoriado y recién estás en un proceso de investigación, en principio no habría ningún impedimento [para militar en un partido]. Lo que sí es necesario es que se informe a la ciudadanía sobre ese listado [de personas] y los diversos tipos de gravedad”, agrega. 

Entonces, ¿podrían incluso postular en las Elecciones 2026? La respuesta es sí, siempre y cuando no tenga una condena, según indica el artículo 34A de la Constitución Política del Perú. “Esas personas que están requisitoriadas, pero que [aún] no tienen una sentencia condenatoria en su contra, pueden postular a un cargo de elección popular porque solo se impide candidatear a la persona que tiene condena en primera instancia o a la que está cumpliendo una condena ya consentida y ejecutoriada”, detalla Villalobos.

En esa línea, Fernando Tuesta recuerda que el último domingo de noviembre se realizarán las elecciones primarias de los partidos inscritos, donde se conocerán a los precandidatos para las Elecciones 2026. De ser el caso que alguno de los 35 requisitoriados postule a un cargo público y salga elegido como representante de su organización política, “tendrá que incluir esa información en las hojas de vida, y algunos de estos candidatos tendrán que ser sometidos a los periodos de tacha [que podría eliminar dicha candidatura]”.  

Por su parte, Fernando Rodríguez Pastor, exdirector del Registro de Organizaciones Políticas y socio de Aklla-Perú, advierte que, aunque no haya impedimento legal, los partidos tienen una responsabilidad ética de revisar a quiénes afilian y opina que sí es posible que las instituciones alerten sobre la presencia de requisitoriados en organizaciones políticas.

"A través de una gestión interinstitucional sí se puede poner en evidencia ante toda la ciudadanía quiénes son estas personas y en qué partidos están militando, lo cual no solo sería un llamado de atención para los partidos políticos, sino que los obligaría a efectuar los cambios necesarios para eliminar a estas personas de sus partidos y sacarlas de sus listas", señala. 

En esta primera entrega revelamos los tres partidos con más afiliados dentro del Programa de Recompensas. Pero hay más agrupaciones políticas y movimientos regionales involucrados, lo que confirma que el reto es urgente: depurar los padrones electorales, exigir transparencia y cerrar las puertas al crimen organizado en la política.