Una ciudadana acusa a Fuerza Popular de incurrir en una conducta antidemocrática por haber desconocido los resultados de la segunda vuelta de las Elecciones Generales de 2021 y por la investigación que afronta su lideresa, Keiko Fujimori, por el caso ‘Cócteles’.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, dispuso esta semana iniciar diligencias contra Fuerza Popular (FP) después de que una ciudadana presentara un requerimiento para declarar la ilegalidad del partido político por una presunta conducta antidemocrática.
La solicitud fue presentada por la ciudadana Beatriz Cano, quien acusa a la agrupación de incurrir en una conducta antidemocrática en tres situaciones específicas: los casos ‘Cócteles’ y ‘Mamanivideos’, así como las alegaciones no probadas de fraude en las Elecciones Presidenciales de 2021, en las que Pedro Castillo se impuso sobre la lideresa de FP, Keiko Fujimori.
En Enfoque de los Sábados, Fernando Rodríguez Patrón, abogado y especialista en legislación electoral, consideró que, en primer, lugar se deben contrastar los argumentos de la denuncia con lo que establece la Ley de Organizaciones Política (Ley 28094) sobre la declaración de ilegalidad por conducta antidemocrática
El especialista indicó que el artículo 14 de la norma establece que un partido será declarado ilegal si es que sus actividades son contrarias a los principios democráticos y se encuentran dentro de tres supuestos.
El primero, vulnerar las libertades sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas o la exclusión o persecución de personas por cualquier razón, o legitimando la violencia como método para la consecución de objetivos políticos.
Esta causal -explicó el experto- se cumplió con el fallo judicial que declaró ilegal al partido político Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O).
La segunda causal es complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones que, para la consecución de fines políticos, practiquen el terrorismo o que con su prédica contribuyan a multiplicar los efectos de la violencia, el miedo y la intimidación que el terrorismo genera.
Y la última es apoyar la acción de organizaciones que practican el terrorismo y/o el narcotráfico.
Después de mencionar las tres causales, el también exdirector del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) alegó que no se cumplen ninguno de los supuestos mencionados para declarar la ilegalidad de la agrupación fujimorista.
“Si uno revisa las causas por las cuales esta ciudadana está pidiendo que se declare como ilegal por conducta antidemocrática al partido Fuerza Popular, no resiste el mayor análisis. Si uno contrasta los argumentos con lo que dice la ley, no hay ninguna conexión lógica entre estos”, precisó.
“La pregunta es clara: ¿algunos de los supuestos sobre los cuales se basa esta denuncia concuerdan con lo que establece la ley? Claramente no, ninguna”, agregó.
Por su parte, Enzo Elguera Echegaray, analista político y especialista en derecho electoral, opinó en el mismo sentido que su colega y complementó que esto deja un “mal precedente” para los partidos políticos.
“Creo que este es un ataque de tipo manotazo de ahogado por parte de simpatizantes, digamos, del partido de Antauro, a quien se le ha retirado de la contienda electoral justamente por tener conductas antidemocráticas. Y de lo mismo se quiere perseguir y acusar”, indicó.
Elguera Echegaray pidió celeridad a la Fiscalía para resolver esta solicitud, porque podría existir el riesgo de que se presenten denuncias similares contra los 41 partidos inscritos y habilitados para participar en las Elecciones Generales convocadas para el 12 de abril de 2026.
“Concuerdo en la parte que se debe de revisar de manera célere este tipo de denuncia, incluso esto debería, por procedimiento, verificarse si las causales corresponden para la revisión y, de lo contrario, no hacerlo posible…”, finiquitó.
Fiscalía descarta que las diligencias sean de carácter penal
En tanto, el Ministerio Público descartó que las diligencias, respecto de los partidos políticos Fuerza Popular y País para Todos, sean acciones penales y precisó que solo se trata de procedimientos.
Así lo señaló el fiscal adjunto supremo, Dante Pimentel Cruzado, quien explicó, mediante un video compartido en las redes del Ministerio Público, que estas diligencias se dan a raíz del pedido de dos ciudadanos.
El representante del Ministerio Público también indicó que ya comenzaron las indagaciones, a fin de brindar un pronunciamiento a la brevedad. Asimismo, dijo que Fiscalía “dirige su actuación en defensa de la Constitución, la ley y siempre actuando con objetividad”.
Mientras tanto, el fujimorismo ha acusado a la Fiscalía de la Nación de ser un “actor político”.
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