Conflictos sociales
La Defensoría del Pueblo registró 211 conflictos sociales durante septiembre a nivel nacional. | Fuente: Andina

El último reporte de la Defensoría del Pueblo, de setiembre, identifica 211 conflictos sociales, entre activos y latentes, en todo el Perú. Esta problemática se vive con mayor intensidad en Loreto, región que encabeza la lista con 29 eventos. Esto supone un importante desafío para su virtual gobernador, René Chávez de Somos Perú.

Los conflictos también golpean directamente, sin embargo, a varias de las regiones que definirán a sus autoridades regionales en una próxima segunda vuelta. Jurisdicciones como Cusco (18), Piura (13) y Cajamarca (10) se encuentran entre las zonas que reportan más casos.

Pese a que se registran conflictos en casi todo el territorio nacional, este tema no formó parte del debate electoral. En tanto se espera que, de cara a la segunda vuelta, los candidatos los incluyan en sus agendas, los especialistas ven necesario que los gobiernos regionales asuman el protagonismo en el tratamiento de estos eventos.

“Las autoridades no deben olvidar que son elegidas por los ciudadanos por la promesa de mejorar su calidad de vida. Por lo tanto, un gobernador no puede ignorar los conflictos, no se puede poner de perfil frente a los problemas ciudadanos, poniendo de pretexto que esa función no le compete o que no es su responsabilidad”, refiere el especialista en gestión pública Álvaro Ugarte.

El experto refiere que la Ley de Bases de la Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales habilitan la intervención de las autoridades locales en la resolución de estos conflictos.

Para Yohannaliz Vega, abogada especializada en gestión de conflictos socioambientales, los gobiernos regionales pueden ser actores claves para tratar estos casos, ya que tienen mayor conocimiento del territorio y de las realidades de sus localidades que la administración nacional.

“Los gobiernos regionales y locales son los que se encuentran en la primera línea. En una crisis lo que se intenta es detener la violencia. Son las autoridades regionales y locales las que tienen mayor conocimiento de las dinámicas del territorio, lo que va a favorecer el diseño de estrategias más aterrizadas a dichas realidades específicas”, menciona.

Efectos de los conflictos

El involucramiento de los representantes regionales en temas de conflictividad social dentro de sus jurisdicciones ha sido desigual. Actualmente, de los 25 Gobiernos Regionales sólo 8 cuentan con oficinas de prevención de conflictos. Estos son: Arequipa, Loreto, Ayacucho, Puno, Huánuco, San Martín, Tacna y Ucayali.

Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, refiere que desde los Gobiernos Regionales podrían ejecutarse sistemas de monitoreo para planificar una intervención inmediata, dada su cercanía, en un brote de conflicto y así evitar que este escale.

El funcionario considera que la ausencia de esta problemática en el debate electoral se debe a que no se comprende el impacto político y económico de los conflictos sociales.

“Pueden generar costos de carácter institucional en la legitimidad de las autoridades, costos de tipo personal, donde pueden afectarse la integridad física de las personas, y también costos económicos. Por ejemplo, el bloqueo de las carreteras tiene consecuencias muy serias en las dinámicas económicas locales. No solamente referidas al transporte de minerales, si no a la prestación de una serie de servicios de pequeñas empresas”, señala Luque.

Se puede tomar como muestra lo sucedido este año en Apurímac. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), durante el segundo trimestre el PBI de esa región cayó 33,1% respecto al año pasado. IPE indica que esta reducción se explica por la paralización de la minera Las Bambas entre abril y junio debido al conflicto entre la empresa con las comunidades locales.

Evitar candidatos con antecedentes

En su reporte de setiembre la Defensoría del Pueblo reporta que actualmente el 64,5% de los conflictos en el país tienen una naturaleza socioambiental. La mayoría de ellos están relacionados a actividades extractivas como la minería e hidrocarburos.

La abogada Yohannaliz Vega señala que muchas veces no se da suficiente importancia a las preocupaciones de las poblaciones que habitan los lugares donde se dan las autorizaciones. “Una de las razones por las que se inician o escalan los conflictos es por la manera en que pueden haberse otorgado dichos permisos, sin información o sin procesos transparentes con las poblaciones”, describe.

Es por ello que considera necesario que los electores de estas zonas conozcan a sus candidatos, ya que algunos de ellos pueden tener antecedentes ligados a esta problemática. “Ahora es posible contar con información específica, para conocer si las personas candidatas tienen denuncias o incluso sentencias por las actividades relacionadas a las razones que motivan diversos conflictos como: el tráfico de tierras, la corrupción, el aprovechamiento indebido del cargo o más específicamente el otorgamiento de permisos fraudulentos para la extracción de madera”, concluye.