Defensoría del Pueblo urge al Gobierno combatir la pobreza que se ha agudizado durante la pandemia

La Defensoría del Pueblo urgió al Estado peruano adoptar medidas multidimensionales para afrontar los retrocesos en la reducción de la pobreza en el país a raíz de la pandemia del nuevo coronavirus.

En un comunicado, el organismo indicó que la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza —se celebra cada año el 17 de octubre— es una oportunidad para recordar las obligaciones estatales ante este fenómeno.

“Una primera consideración clave es reconocer que la pobreza no significa únicamente falta de recursos económicos, sino ausencia de condiciones básicas para desarrollar una vida digna”, señaló.

Para la Defensoría del Pueblo, la erradicación de la pobreza resulta aún más importante frente a los efectos de la pandemia y las constantes crisis que viene atravesando el país.

“Solo tomando en consideración la pobreza monetaria, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, actualmente el 25,9 % de la población se encuentra en esta situación (8,5 millones de personas), igual porcentaje que en 2012. Es decir, la pandemia ha ocasionado un retroceso de 10 años en la reducción de la pobreza monetaria”, advirtió.

Atenta contra la dignidad

Sin embargo, apuntó el organismo público, “esta forma de medir la pobreza, a partir únicamente de una visión económica, resulta insuficiente para conocer cómo impacta en el efectivo ejercicio de los derechos de las personas”.

“La pobreza es una situación que atenta contra la dignidad y vulnera los derechos a la salud, al trabajo, a la alimentación, a la educación, entre otros”, remarcó.

La Defensoría del Pueblo explicó que este enfoque de derechos exige al Estado reconocer que la pobreza tiene un impacto diferenciado en función de los grupos sociales que la viven.

“Esto significa que existen características estructurales que hacen a unos más vulnerables que a otros y que conducen a una mayor marginación o exclusión social. Ser mujer, por ejemplo, supone mayor precariedad laboral y dependencia económica, debido a la inequitativa distribución de cargas domésticas; también, ser persona migrante conlleva escenarios de riesgo y vulneración de derechos debido a la situación de irregularidad migratoria, que perpetúa la pobreza”, detalló.

Añadió que dicha institución ha elaborado un informe defensorial, que será próximamente publicado, que aborda esta problemática y plantea recomendaciones para fortalecer la estrategia estatal dirigida a aliviarla.