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Tras fiscalizar el dinero público que esta agrupación recibió en el segundo semestre del 2024, el organismo electoral detectó que el contrato no cumplía con los requisitos de ley. Además, el proveedor del diplomado es uno de sus militantes.
El partido político Perú Libre deberá devolver S/ 100 mil soles de dinero público a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por haber contratado de forma irregular el servicio de un diplomado universitario, así lo revela un informe de fiscalización de este organismo electoral.
La ONPE fiscaliza los gastos que hacen los partidos políticos que reciben recursos del Estado al tener representación en el Congreso, y en lo que respecta a Perú Libre, esta agrupación recibió S/ 1,075,639.61 en el segundo semestre del 2024.
El Informe Técnico de Verificación de Financiamiento Público Directo (FPD) de ONPE revela que en su rendición de cuentas, Perú Libre reportó siete actividades por el concepto de gastos de formación, y otras dieciséis actividades por el concepto de capacitación, sumado a un diplomado en gestión pública dirigido a “Los Militantes, Simpatizantes Profesionales o público interesado o con grado académico de Bachiller o afines”, entre julio y noviembre del 2024.
Así se firmó el contrato
Es sobre esta última actividad donde se detectó que Perú Libre contrató el 11 de octubre de 2024 a la empresa Overall Health E.I.R.L, a la que le pagó S/ 100,000.32 nuevos soles. Empresa que, según las exigencias del contrato, debía contar con “documentos que acrediten los convenios con universidades u otras instituciones”, es decir, tener respaldo académico.
Overall Health E.I.R.L., como parte de su propuesta económica y plan de trabajo presentó la copia de un convenio con la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, pero este acuerdo de tres años ya había culminado el 16 de agosto del 2024 y, pese a ello, el contrato siguió adelante y el diplomado se dictó de forma virtual para 141 participantes.
Al notar esta inconsistencia, la ONPE dirigió una carta a las autoridades de la universidad en cuestión y estas respondieron que no contaban con convenio vigente con dicha empresa y que tampoco existían prórrogas o adendas de convenio con el proveedor.
Hasta el cierre de esta nota, la cobertura electoral de El poder en tus Manos, de RPP, se comunicó con representantes de esta universidad para conocer más detalles de convenios anteriores con la empresa, pero no hubo respuesta.
El informe de ONPE es contundente: “En concordancia con lo expuesto anteriormente, se concluye que, al no cumplir el proveedor Overall Health E.I.R.L. con los requisitos establecidos para su contratación, al evidenciarse que no contaba con un convenio vigente; se debe entender que este servicio no debe ser solventado con los fondos del Financiamiento Público Directo. Por tanto, se reitera al partido político para que tome las acciones legales que resulten pertinentes para solicitar la devolución del monto total de S/100,000.02 a fin de que sea revertido a sus fondos”.
El partido Perú Libre ha recibido al 31 de diciembre del 2024 el 58.61% del monto total que le fue aprobado para los cinco años de financiamiento que le corresponden por ley.
Un proveedor con militancia
Overall Health E.I.R.L. tiene por gerente general a Jorge Luis López Casas, quien en su cuenta de Linkedin se presenta como especialista en “seguridad, higiene, salud ocupacional, medio ambiente, inocuidad, calidad, gestión empresarial, innovación, emprendimiento y neurociencias aplicadas”.
Pero más allá de sus múltiples conocimientos, López Casas es un actual militante del partido Perú Libre, según consta en su ficha de afiliación registrada ante el Jurado Nacional de Elecciones.
RPP solicitó una entrevista a Jorge Luis López; sin embargo, no se obtuvo respuesta.
Tampoco esconde su afiliación por el partido del lápiz, ya que en su cuenta de Facebook, por ejemplo, difunde videos donde pide la liberación y justicia de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre.
¿Perú Libre está beneficiando indebidamente a sus militantes con dinero público de todos los peruanos? Se buscó la respuesta tanto de la personera legal del partido, Ana Córdova; de los congresistas Flavio Cruz y Waldemar Cerrón para esta nota, pero conseguir sus declaraciones no fue posible.
La Ley de Financiamiento Público Directo es clara al establecer que los partidos políticos no pueden destinar menos del 50% del dinero público en actividades de formación, capacitación, investigación y difusión, bajo criterios de igualdad, paridad y no discriminación.
La ONPE tiene limitaciones para sancionar
Jorge Jáuregui, especialista en derecho electoral, señala que la ONPE presenta dificultades para multar a los partidos políticos a los que se les detecta irregularidades como las de este caso.
“La ONPE en principio tiene una dirección que está destinada a hacer el trabajo de supervisión, que es la Dirección General de Supervisión de Fondos Partidarios y Financiamiento Público. Esta gerencia es la que revisa las cuentas contratando auditores externos, que revisan la contabilidad y todos los documentos. Hasta ahí lo que ellos pueden decir es si el partido cumple o no cumple con lo exigido por ley.
Si no cumple, le piden más información y si después de ello no se puede sustentar o aclarar las inconsistencias, puede imponer una sanción. ¿Pero cuál es el problema? Que el parlamento cambió la regla al establecer que si en seis meses no se concluye una investigación, ya no se pueden imponer multas. Esos cambios los ha hecho el Parlamento, no la ONPE, es por ello que la institución está un poco atada de manos, porque no tiene la capacidad de exigir la información de grado o fuerza, como lo haría un juez”, subrayó.
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