Comunidades indígenas, un pendiente que el Estado sigue arrastrando

En su último mensaje a la Nación, el presidente Martín Vizcarra rescató la importancia del Decreto de Urgencia Nº 071-2020 en favor de las comunidades indígenas y centros poblados rurales de la Amazonía frente a la COVID-19. Dicha norma fue refrendada por el Gobierno el 23 de junio pasado y regula un plan de intervención del Ministerio de Salud en estas zonas del país.

Haciendo cálculos precisos, la disposición fue publicada 99 días después de decretado el Estado de Emergencia Nacional por la pandemia. Y, según el Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, el presupuesto para la intervención recién empezó a transferirse este mes, por lo que -en la realidad- aún no se implementa en la dimensión pensada.

Esta demora no es la única que ha empujado a las comunidades indígenas a protestar a lo largo de la emergencia. Como lo mencionamos en un informe anterior, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), ya había presentado en abril una demanda pública contra el Estado ante la Organización de Naciones Unidas por negligencia frente a esta población en el manejo de la COVID-19.

En una entrevista por RPP el 14 de julio, el presidente de Aidesep, Lizardo Cauper, explicó que “la situación sigue crítica a pesar de todos los planes”. Además, señaló que un 70% de las comunidades indígenas de la Amazonía ya estaría contagiada.

El camino hacia el Bicentenario parece el menos auspicioso para la población indígena peruana. Pero su situación no se remite solo al escenario actual. Ya en otro informe, relatamos por qué la sensación de abandono ha sido permanente pese a que, con los años, los gobiernos han consolidado una estructura institucional y promovido regulaciones que reconocen los derechos de estas personas. En este informe, repasamos esta gran deuda.

La deuda como Estado en garantizar derechos básicos

El Ministerio de Cultura, a través de su viceministerio de Interculturalidad, es el encargado de coordinar, articular y gestionar el alcance de los servicios del Estado a las comunidades indígenas. Hace unos días, la entidad cumplió diez años de creación.

Para la jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Nelly Aedo Rueda, el balance de la gestión no es absolutamente malo. “Creo que en los últimos diez años sí se han mostrado algunos avances y es necesario también ser objetivos en el análisis. Lo cierto es que, después del 2009, cuando se produjeron los lamentables hechos ocurridos en Bagua, se han venido dando algunas mejoras. Tomemos en cuenta que antes no se realizaban procesos de consulta previa, que no había una política de educación intercultural bilingüe clara ni una política sectorial de salud intercultural, que no existía una dirección de lenguas indígenas ni una dirección especializada para pueblos indígenas en aislamiento”.

Aquí es importante resaltar que el sector Cultura -de una década de vigencia- es el único del que emergen las más importantes acciones para garantizar los derechos humanos mínimos de las personas indígenas. 

“Lo que pasa es que la demanda todavía es muy alta y todavía las iniciativas llegan a ser casi como ‘pilotos’. Entonces, no es una práctica uniforme la garantía de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Y, en ese sentido, de cara al Bicentenario, el reto y el análisis es que el Perú va a llegar con deudas en la atención de derechos a los pueblos indígenas. No se ha podido garantizar su derecho a la salud, no se ha podido garantizar de manera adecuada su derecho a la educación ni tampoco a la protección de los territorios pese a que en los últimos años se han dado algunos avances”, dijo la funcionaria Aedo para este texto.

Con la pandemia, la gestión se centra en cubrir lo urgente

En sus casi 60 días de gestión, el ministro de Cultura Alejandro Neyra ha realizado varias visitas a centros poblados y comunidades indígenas. Así lo detalló en RPP en una entrevista del 21 de julio.

“He hecho más de diez visitas justamente a diversas regiones amazónicas; muchas en Loreto, pero también en Amazonas, en Condorcanqui, donde hemos llevado ventiladores. En algunas partes más pequeñas, [hemos llevado] concentradores de oxígeno y medicinas. Y lo que tenemos que hacer, que se está haciendo ahora a través de coordinación con el Minsa y el Midis, es que lleguen alimentos otorgados por Qali Warma”, dijo el titular del sector respecto de las últimas acciones de protección frente a la pandemia.

Neyra también destacó que, el 20 de julio, la comisión multisectorial que dirige el Ministerio de Cultura se reunió con representantes de las organizaciones indígenas para determinar cuáles son las zonas a las que les urge atención del Estado. Por otro lado, indicó que ya hay un plan de intervención del Minsa, en referencia al Decreto de Urgencia Nº 071.

En la entrevista que le hicimos para este artículo, la representante de la Defensoría del Pueblo, Nelly Aedo, señaló que resulta preocupante la falta de información respecto de la población indígena contagiada y/o atendida. Además, dijo que el Estado parece reaccionar cuando las alarmas en regiones como Loreto, Ucayali, San Martín y Amazonas ya se han encendido.

“Pareciera que van a demanda, cuando surge la denuncia de alguna comunidad contagiada. Pero todavía no vemos una planificación a nivel de prevención y contención, y una atención que pueda ayudar a que la pandemia no avance hacia otras comunidades que todavía no han sido afectadas. Preocupa mucho que, estando en este momento de la pandemia, aún no haya registro de cuántas comunidades campesinas y nativas, y localidades indígenas en general están afectadas en el territorio nacional. ¿En cuántas ya ha llegado la COVID-19? No se tiene la información. Y esa es una información que ha venido requiriendo la Defensoría del Pueblo en reiteradas oportunidades”, declaró.

Con el enfoque en la pandemia, la garantía de cerrar brechas al 2021 se hace más complicada y lejana. En entrevista, el presidente de Aidesep, Lizardo Cauper, nos explicó que -antes de la COVID-19- las comunidades llevaban más de un año en conversaciones con el Ministerio de Cultura para la implementación de una Política Nacional de Pueblos Indígenas u originarios. Esta propuesta de gestión, diseñada por varias organizaciones y debatida con el Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas (GTPI) del Gobierno. Sin embargo, el proceso para dar paso a la iniciativa quedó interrumpido por la coyuntura. “Más de un año en charlas, recepción de información, socialización, para que eso no pase. Toda la información que brindamos, y nada”, refirió Cauper.