COVID-19 | En medio de la cuarentena, ¿cómo protege el Estado a las víctimas de violencia familiar?

La violencia familiar y de género en el Perú continúa en medio del estado de emergencia nacional por el COVID-19. En los primeros nueve días de aislamiento obligatorio por el nuevo coronavirus, el Ministerio de la Mujer recibió más de tres mil llamadas para orientación o denuncia de casos de violencia dentro del hogar. 

“En lo que va de la semana que hemos tenido de emergencia del 16 al 24 de marzo, la Línea 100 ha registrado 3,457 llamadas”, informó este jueves durante La Rotativa del Aire, de RPP, la funcionaria del sector, Nancy Tolentino Gamarra. La directora del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - AURORA indicó, además, que 831 de esas llamadas fueron realizadas por menores de edad.

Medidas especiales en cuarentena

Para este texto, Tolentino nos precisó que el Estado aplica estrategias ajustadas al periodo de cuarentena a fin de seguir protegiendo a posibles víctimas de violencia dentro de los hogares o a víctimas que ya cuentan con medidas de protección a su favor. 

“La Línea 100 registra una gran cantidad de llamadas. Estamos atendiendo casos de riesgo severo y moderado, y todo pedido de auxilio lo canalizamos al patrullaje de la Policía Nacional, que está más cerca del vecino o de la vecina y estamos tratando de monitorear para que se atienda. Por otro lado, el MIMP ha pedido al Ministerio del Interior que se intensifique el patrullaje en las zonas donde hay mujeres que tienen medidas de protección”, explicó Tolentino. 

También recordó que el sistema de denuncias no se ha interrumpido con el estado de emergencia, por lo que las comisarías siguen obligadas a recibir denuncias, los efectivos siguen deteniendo en casos de flagrancia y, a nivel judicial, los magistrados siguen desarrollando audiencias. 

La funcionaria detalló, además, que el programa Aurora lanzó este jueves un servicio adicional con la Línea 100, que se enfoca en la salud mental: “Pensando justamente en esta situación es que hemos implementado un servicio de acompañamiento psicológico telefónico. La misma persona que llama puede solicitar ese apoyo o quien atiende la llamada le puede ofrecer el servicio, de acuerdo con su caso. Más de 50 psicólogos y psicoterapeutas brindarán acompañamiento a mujeres y también a hombres, incluyendo a niños, niñas y adolescentes para ayudar a promover y fortalecer relaciones positivas, equitativas y respetuosas, y prevenir estrés y tensión dentro del hogar”. 

Añadió que las personas que detecten o escuchen violencia en hogares vecinos deben también informar a las autoridades. “Muchos casos en los que hemos intervenido se han conocido por terceros que han alertado al MIMP. La indiferencia también es violencia e invocamos a las personas a estar alertas para que podamos dar una respuesta efectiva”.

Cabe resaltar que el Ministerio de la Mujer aplica criterios específicos cuando el caso amerita la derivación de la víctima a una de las casas de refugio temporal que provee el Estado. Actualmente, son 14 las casas de refugio temporal disponibles en el país.

Más vulnerables de lo habitual

El 17 de marzo, la oficina de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres) publicó un informe titulado “COVID-19 en América Latina y el Caribe: cómo incorporar a las mujeres y la igualdad de género en la gestión de la respuesta a la crisis”. En este, la organización destaca que en emergencias como la del nuevo coronavirus siempre está el riesgo de que la violencia doméstica se incremente, además de que las víctimas tengan más limitadas las vías para salir de ese círculo. 

“En contexto de emergencia aumentan los riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas, especialmente violencia doméstica, debido al aumento de las tensiones en el hogar y puede también aumentar el aislamiento de las mujeres. Las personas sobrevivientes de violencia pueden enfrentar obstáculos adicionales para huir de situaciones violentas o para acceder a órdenes de protección y/o servicios esenciales que pueden salvar vidas, debido a factores como las restricciones de la circulación o la cuarentena. El impacto económico de la pandemia puede generar barreras adicionales para dejar una pareja violenta así como mayor riesgo de explotación sexual”, se lee en el informe. 

Adriana Fernández Godenzi, magíster en Psicología Comunitaria, explicó para RPP Noticias que el estado de emergencia nacional -medida constitucionalmente respaldada en el Perú- tiene un efecto no deseado, que es el poner a las víctimas en un estado de mayor vulnerabilidad. 

“Esta situación, necesaria para frenar los niveles de contagio y manejar esta pandemia, pone definitivamente a las mujeres -que son víctimas mayoritarias de la violencia familiar- en una situación de mayor vulnerabilidad porque las encierra con su agresor. El confinamiento, entonces, hace se dispare la probabilidad de roces, peleas y conflictos que ya eran habituales”, señaló la también docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Los hogares donde se registran casos de violencia familiar tienen como principal agresor al hombre. Además, como lo señalamos en un informe anterior, otros delitos como la violencia sexual en menores de edad son mayormente cometidos por familiares directos de las víctimas y dentro el espacio doméstico. 

Fernández hace una precisión al respecto: “Aquí tiene que quedar claro que el confinamiento que se ha impuesto por la situación sanitaria es necesario y que no es la causa de la violencia de género. La causa principal de la violencia de género es el pensamiento que pretende mantener jerarquías entre hombres y mujeres dentro y fuera del hogar, y en donde los hombres supuestamente tienen una posición superior”.

El lunes pasado, la ciudadana Cinthya Torres Huamán falleció después de que su pareja, Rubén Castro Ortiz, la atacara con un cuchillo en un local de Arequipa. El sujeto fue detenido el martes por la Policía y el caso se registró como el primer feminicidio ocurrido en el país durante el estado de emergencia.

Los derechos de las víctimas se mantienen

Si bien el estado de emergencia nacional y su consecuente toque de queda pueden limitar a algunas víctimas a denunciar (por ejemplo, porque requieren trasladarse a una comisaría y la movilidad está restringida o porque su agresor está más vigilante ante llamadas de ayuda dentro del confinamiento), su derecho a ser protegidas por el Estado no desaparece. 

Cynthia Silva Ticllacuri, abogada penalista y asociada del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), explicó para este texto que la obligación del aparato estatal frente a los derechos de personas vulnerables es mucho más alta en momentos de crisis como el actual. “Además, siempre se debe tomar en cuenta que en tiempos de crisis, de emergencias en general o de pandemias, no se interrumpe la obligación de los estados de atender de manera eficaz y oportuna. Más bien, esa eficacia y esa oportunidad se redoblan”. 

El último 24 de marzo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Perú - PNUD Perú, publicó una cartilla de orientación para la ciudadanía en colaboración con el MIMP. En esta cartilla, se especifica que toda persona víctima de violencia que vea en riesgo su integridad puede salir del aislamiento y exigir ayuda a la Policía. Además, refiere que se le puede autorizar el traslado a otro domicilio para refugiarse. El documento didáctico también aclara que las fiscalías y los juzgados especializados en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar siguen operativos para la investigación y el procesamiento de casos.

“Puede haber menos denuncias, pero como consecuencia de las restricciones de movilidad y no porque no haya casos como los que habitualmente se registran. En este contexto, se hace más urgente la articulación de la Policía y de los administradores de Justicia para garantizar el resguardo de las víctimas. Dada la situación de confinamiento obligatorio, es de suponer que los casos más visibles serán también de los más graves. Y justamente ahí está la oportunidad para que el Estado funcione de modo ejemplar”, dijo Silva. 

La abogada plantea que, en la delegación de facultades obtenidas por el Ejecutivo para legislar en el marco de este estado de emergencia, el Gobierno incluya medidas extraordinarias en materia de atención ante la violencia de género o la violencia familiar. “Sería oportuna una regulación para instaurar un proceso especial que garantice medidas de protección de manera inmediata. Esto, debido al grave riesgo que corren las mujeres que conviven con sus agresores en plena cuarentena”.