Jennie Dador es la secretaria ejecutiva de la CNDDHH
Jennie Dador es la secretaria ejecutiva de la CNDDHH | Fuente: RPP

La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Jennie Dador, precisó que si bien la violencia no se justifica bajo ninguna circunstancia, el accionar de un grupo de personas no puede restar legitimidad al pedido de la ciudadanía. Además, consideró que la Policía Nacional del Perú y las fuerzas del orden deberían tener la capacidad de reducir a los manifestantes violentos sin hacer uso de la fuerza desproporcionada.

"Como organismos de derechos humanos, rechazamos tajantemente el uso de la violencia venga de donde venga. Así como cuando defendemos los derechos humanos decimos que no defendemos personas, sino principios, en el caso de la violencia igual la rechazamos. Lo que sí nos gusta incidir es que los actos de violencia que se producen dentro de una protesta no necesariamente deslegitiman toda la protesta. Y se supone que un estado que tiene fuerza del orden debidamente preparadas y formadas debería tener la capacidad para adelantarse y saber de esos sujetos que van a estar cometiendo esos actos de violencia o, si no lo pusiera, cuando se producen, deben tener la capacidad para identificarlos, reducirlos y aplicar la fuerza de manera proporcional", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Dador señaló que la labor de la CNDDHH ha sido brindar asesoría legal de emergencia y registrar a las personas retenidas o detenidas para evitar las prácticas que ocurrieron en las décadas de los 80 y 90.

"En este primer momento, lo que hemos hecho ha sido, con equipos de abogados de emergencia, acudir directamente a las comisarías y asegurar que las personas retenidas o detenidas sean inmediatamente registradas para evitar que luego no se sepa el destino de esas personas, porque todos tenemos en la memoria aún presente las prácticas de los 80 y 90. Entonces vemos que se registre a la persona, asegurar su derecho a defensa y luego vemos si situación. Respecto a las personas que han perdido la vida, lo que hacemos es documentar el caso en este primer momento. Por eso es fundamental el tema de las pericias, de las necropsias, todos los videos que puedan haber, identificar testigos, etc. Tenemos un banco donde se va acopiando el material para luego identificar el caso jurídico concreto que habría y alcanzar a la Fiscalía que se ha iniciado el proceso de investigación formal", aseveró.

"Nosotros representamos a 78 organizaciones que están en las distintas regiones del territorio, a excepción de Tumbes y Madre de Dios (...). Estamos acompañando a las familias, a estas 27 familias que están enlutadas, haciendo su duelo. Respecto al autogolpe fallido del presidente Castillo, desde un inicio hemos dicho que se le someta a la justicia como a cualquier otra persona y que se respeten las garantías y el debido proceso. Y hacia adelante, frente a las situaciones de protesta o estallidos de protesta que se han producido en las distintas regiones, en algunos casos están con parte de la agenda que tiene que ver con restitución de Castillo, pero en otras partes no. En realidad son agendas fragmentadas. Si pudiéramos encontrar un conector más común entre las distintas agendas podríamos decir que es el ´cierren el Congreso y que se vayan todos´. Digamos que es el punto más común", agregó.

Sobre Pedro Castillo

En relación al pedido del expresidente Pedro Castillo para que se concrete reunión entre su abogado y delegación de CIDH, Dador enfatizó en que se le debe juzgar como a cualquier otro ciudadano, ya que el respeto al debido proceso haría que no se caiga cuando llegue a instancias superiores.

"Pensamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede reunirse con cualquier persona que se lo solicite, con las debidas autorizaciones del Estado. En el caso nuestro, coincidimos en que cualquier persona tiene el derecho a ser escuchada por la comisión, sus abogados o emitir sus opiniones respecto a su posición. Nosotros consideramos que es muy importante que el debido proceso se respete. Si eso no ocurre o si se incumplen plazos o si se buscan salidas políticas antes que jurídicas, porque la jurídica tarda más y no coincide con los tiempos políticos, luego vamos a tener que afrontar las consecuencias y que ese proceso se caiga. Vamos a estar dos o tres años en eso y cuando llegue a la Suprema o al Tribunal Constitucional el proceso se va a tumbar", mencionó.

"Históricamente hemos planteado que las personas involucradas en delitos comunes en un estado de derecho; es decir, cuando el sistema de administración de justicia es efectivamente un sistema que respeta los estándares y los marcos de derechos humanos, no tendrían que buscar este mecanismo del asilo. Una situación que podría servir de ejemplo fue el caso del expresidente Alan García", finalizó.