Caso Accomarca: "el proceso de encontrar justicia aún no termina", opinan Jennie Dador y Marisol Pérez Tello

El pasado jueves, los médicos forenses del Ministerio Público entregaron a la comunidad de Accomarca, en Ayacucho, los restos de los 79 pobladores asesinados por el Ejército en 1985, luego de una incursión en dicho poblado, en el contexto del conflicto armado interno iniciado por Sendero Luminoso en los 80.

Casi cuatro décadas después, la comunidad pudo enterrar a sus familiares, aunque más de 20 familias aún continúa en la búsqueda de sus desaparecidos.

En estos días, tan simbólicos para Accomarca como para el país, estuvieron con los familiares de las víctimas Marisol Pérez Tello, excongresista y exministra de Justicia, y Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), quienes dialogaron con RPP Noticias sobre esta experiencia.

Marisol Pérez Tello: “continuar su vida en comunidad les permitió encontrar justicia”

La exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, ha sido una de las personas que ha acompañado el proceso de búsqueda de las familias de Accomarca. En ese sentido, resaltó que no perder “la vida en comunidad” ha sido uno de los factores “que ha permitido que encuentren justicia”.

“Celestino, que es el presidente de la asociación desde Lima, es uno de los hijos de los accomarquinos que salieron, pero muchos continúan vinculados a sus familias, y las distintas organizaciones dentro de Accomarca han permitido que esto llegue a su fin”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que la comunidad ha tenido que convivir no solo “con esa búsqueda permanente”, sino también con problemas como “la falta de agua, las enfermedades, el temor al COVID”. Sin embargo, esos “dos días de duelo” les ha permitido “hablar del tema colectivamente”, “sentirse acompañados” y “cerrar la herida”.

“Para mí ha sido una experiencia dolorosa pero importante […] Me queda el dolor de las 20 familias que no enterraron a nadie, que recibieron ropa o que no recibieron formalmente la partida de defunción”, señaló.

La exparlamentaria comentó lo emotivo que fue vivir este capítulo en el largo proceso que ha seguido la comunidad de Accomarca desde los 80.

“El día del velorio era muy difícil explicar cómo dentro de la iglesia que está en la plaza de armas [entraron] más de 79 cajones, algunos con restos, otros solo con ropa, de alguna manera trasladando este dolor colectivo […] Fue entrañable, compartiendo la comida todos, hablando las familias”, relató.

A su vez, señaló que esta experiencia debería significar que los peruanos nos interpelemos respecto a la búsqueda de justicia para estos casos y que miremos con empatía este proceso que ha tardado casi 40 años y que significa tanto para ellos.

“Muchas mujeres contaron que fueron violadas. Verlas te obliga a preguntarte qué estabas haciendo en 1985, cómo pudimos evitar esto, cómo podemos exigir justicia. Es difícil para un país que quiere olvidar, pero creo que, si recordamos, vamos a evitar que situaciones como éstas se repitan. Eso es lo más importante”, afirmó.

Jennie Dador: “el proceso no termina mientras aún no haya justicia ni reparación para las víctimas”

Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), quien también estuvo estos días con la comunidad de Accomarca, resaltó que, pese a que en 2016 se condenó a los responsables de estos asesinatos, aún no hay justicia efectiva para todos los sentenciados.

“Los hechos ocurrieron en el año 85, y 31 años después es que se obtiene la sentencia condenatoria. 6 años después, al día de hoy, todavía no podemos cumplir con esa sentencia. Es decir, de los 11 o 12 sujetos que fueron condenados, solo 5 están purgando condena. Los otros están prófugos, […] por lo tanto, la justicia no está completa ahí”, sostuvo.

Además, Dador resaltó que por parte del Estado también está pendiente la reparación a la comunidad.

“También hay un tema [pendiente] que tiene que ver con lo que la comunidad demanda como reparación. No solo es el tema que cuenten con agua, con luz, que accedan a educación, porque esos son derechos sociales que tenemos todos los peruanos. No necesitamos que hayan asesinado, calcinado y desaparecido a 70 miembros de nuestra familia para que tengamos derecho a ir a una escuela”, señaló.

En esa línea, subrayó que todavía hay muchos casos similares que el Estado aún no ha terminado de atender, tal como es su responsabilidad.

“Todavía tenemos distintos lugares de entierro donde tenemos que hacer este trabajo. Todavía quedan muchas familias y comunidades en el país esperando saber qué pasó con sus familiares y donde están. Estamos hablando de un país donde tenemos 21 mil desaparecidos”, explicó.

También, refirió que el Gobierno debería “asignar los presupuestos necesarios para llevar adelante esta operación de excavaciones, de búsqueda, de [análisis de] ADN” para poder esclarecer realmente lo que ocurrió en los casos pendientes, y así “que entre todos construyamos memoria y que aprendamos de nuestra historia”.