El ministro de Educación, Jaime Saavedra, espera que el Tribunal Constitucional no falle en contra de esta ley.
La reforma universitaria ya tiene un camino trazado con impactos positivos y esa es la ruta que el país debe seguir si queremos seguir dándole a los jóvenes oportunidades de tener una formación superior de calidad, afirmó hoy el ministro de Educación, Jaime Saavedra.
Fue al expresar su confianza en que el Tribunal Constitucional emita un fallo favorable hacia la Ley Universitaria, ante la acción de inconstitucionalidad en contra de la norma, planteada por un grupo de 47 congresistas.
En una rueda de prensa realizada hoy en la sede del Ministerio de Educación, el titular del sector afirmó que es muy difícil pensar en un escenario de inconstitucionalidad de la ley.
"Puede haber aspectos puntuales que el Tribunal Constitucional pueda mencionar para corregir aspectos puntuales y siempre eso va a ser bienvenido pero vemos un Tribunal que tiene todo un análisis que está fundamentando en asegurarnos que no solo cumplimos con la ley y la Constitución, sino que también asegura un servicio de óptima calidad. Eso nos hace pensar que vamos a poder seguir avanzando en la implementación de la ley y vemos muy difícil un fallo que interrumpa el proceso de reforma", remarcó.
Saavedra señaló que es importante destacar el número de universidades, tanto públicas como privadas, que se están adecuando a la ley y no mirar a quienes no quieren hacerlo, que en esencia - dijo - son unas cuantas personas y no comunidades educativas.
Por su parte, el director general de Educación Superior Universitaria del Minedu, Juan Trelles, anotó que un fallo contrario a la Ley Universitaria contravendría una sentencia previa del propio TC que sostenía que debía crearse un organismo técnico especializado que se encargue de supervisar el funcionamiento y condiciones en que se da la educación universitaria.
Tras señalar que la educación universitaria es un servicio público y como tal puede ser regulado, el funcionario dijo que una sentencia en contra de la ley supondría un desgobierno sobre todo en aquellas universidades que ya se están adecuado a la norma.
Sobre el tema, la superintendente nacional de educación superior universitaria, Lorena Masías, informó que 28 de las 31 universidades públicas del país han incorporado las disposiciones de la Ley Universitaria a sus estatutos, mientras que en el caso de las privadas 34 de las 45 ya hicieron lo propio.
Anotó también que en 16 universidades públicas ya se han realizado elecciones de sus nuevas autoridades.
Respecto a la asignación de recursos a estos centros de estudios superiores, Masías remarcó que la citada ley contempla una serie de beneficios para las que se adecuen a la misma, como el acceso a fondos para investigación y desarrollo de proyectos y para mejoramiento de la calidad.
"Hay que ver el proceso de adecuación de las universidades como una oportunidad para mejorar las condiciones de calidad y para el acceso a fondos", subrayó.
Para las que no se adecuen a la Ley, indicó, habrá las consecuencias ya señaladas en la ley, es decir que no podrá haber nombramientos, ni ratificaciones, ni ascensos de docentes hasta que no cumplan con ese proceso.
En cuanto a la entrega de fondos, dijo Masías, es un tema que se está evaluando para hacer las coordinaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas y ver lo que sucedería con los rectores que continúen en funciones a partir del 1 de enero del 2016.
Andina
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