El Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible denunció que la medida fue planteada por el Estado pese a los recientes derrames de crudo.
Solo este año se han producido doce derrames de petróleo en la selva peruana como consecuencia del mal estado en el que se encuentra el Oleoducto Norperuano que administra la empresa estatal Petroperú, afirmó Henry Carhuatocto Sandoval presidente el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS)
Sin embargo, indicó, lo más grave de este problema es que el propio Estado ha presentado una resolución, aún pendiente de aprobación, que otorgaría un año más de prórroga a la empresa estatal para que repare las fallas del ducto y actualice sus estudios ambientales, pese a que este plazo venció el pasado mes de setiembre.
“Lo más grave es que dichos derrames se pudieron evitar ya que, hace siete años, mediante otro Decreto Supremo No 019-2009-MINAM, se dispuso que el Ministerio de Energía y Minas actualice los estudios ambientales de Petroperú para poder pasar a la reparación de los ductos, cosa que hasta la fecha no se ha cumplido a pesar de que sus estudios ambientales tienen 21 años de antigüedad”, dijo Carhuatocto Sandoval.
Denuncia ante la CIDH. El director de IDLADS señaló que diversas organizaciones han informado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió una audiencia, para el próximo 2 de diciembre, a la sociedad civil y organizaciones indígenas para que presenten sus denuncias por violaciones de derechos humanos como consecuencia de los derrames del Oleoducto Norperuano.
Carhuatocto afirmó que es poco entendible que el Estado Peruano permita que Petroperú tarde ocho años en subsanar sus errores que han afectado a más de 3,500 familias de al menos siete comunidades nativas.
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