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por José Flores
·El presidente del Consejo de Ministros respaldó la independencia judicial en el marco de la polémica por la Ley de Amnistía, pero rechazó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicte cómo deben sentenciar los jueces peruanos.
El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, defendió este miércoles la autonomía e independencia de los jueces peruanos para decidir si aplican o no la controvertida Ley de Amnistía, promulgada por el gobierno de Dina Boluarte, pero calificó como "inaceptable" que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) intente influir en sus sentencias.
En conferencia de prensa en la sede de la PCM, Arana reiteró que el Gobierno evalúa la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, una postura planteada ayer por el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.
El titular de la PCM dijo que la posición peruana no contradice la línea de acción del Perú en su calidad de firmante de la Convención de los Derechos Humanos y suscriptor de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
"La posición es totalmente coherente y es clara, porque lo que se ha señalado es que el Perú es signatario de el sistema interamericano [...] desde ahí no creo que haya algún tipo de contradicción", afirmó.
Arana recordó que para esta evaluación se ha creado una comisión y que es un proceso que debe ser "prolijo", por lo que demandará el tiempo necesario. En ese sentido, desmintió rumores sobre una carta de renuncia inminente al sistema.
"Estamos en la etapa previa o en la etapa inicial que es la de estudiar. Es lo que yo he expresado y es lo que hemos considerado los ministros tenemos que evaluar", agregó.
La Ley de Amnistía, aprobada por el Congreso peruano y promulgada el 14 agosto por la presidente Dina Boluarte, busca beneficiar a militares, policías y miembros de comités civiles de autodefensa investigados o procesados por delitos cometidos durante la lucha contra grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA, entre los años 1980-2000.
Sin embargo, la Corte IDH ha ordenado a los jueces peruanos abstenerse de aplicarla hasta que el organismo emita un pronunciamiento definitivo, generando tensiones con el gobierno peruano.
Arana defiende autonomía de los jueces
Al respecto, Arana dijo que le extraña "que una Corte se haya permitido en una resolución decirle a los jueces del Perú cómo deben sentenciar".
"Eso es inaceptable porque un juez no puede obedecer a un mandato tampoco de una Corte como si fuera parte de su propio esquema administrativo o como si fuera subalterno de él", manifestó.
El titular de la PCM subrayó la importancia de la autonomía judicial, destacando que los jueces peruanos tienen la potestad de aplicar el "control difuso" o el “control de convencionalidad” para determinar si la Ley de Amnistía es aplicable en casos específicos.
"Desde la óptica constitucional, sobre todo los jueces, tienen un atributo muy especial que es la autonomía y la independencia al tomar sus decisiones [...] nadie, absolutamente nadie, en el Perú o en el mundo, puede influenciar su decisión. Ninguna autoridad, por más alta que sea, puede incluso generar algún tipo de insinuación para que pueda sentenciar de alguna u otra manera", dijo.
"Así es que, en el entendido de que un juez pueda o no aplicar la Ley de Amnistía, es una potestad que todos los jueces del Perú [...] Lo que a mí en particular me extraña es que una corte se haya permitido en una resolución decirle a los jueces del Perú cómo deben sentenciar", agregó.
Arana respondió de ese modo a una pregunta sobra la decisión de jueces como Leodan Cristobal Ayala, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien rechazó la amnistía en un caso que involucra a ocho exmilitares acusados de abuso de autoridad, tortura y violación sexual en comunidades campesinas de Apurímac y Cusco en 1990.
Como se sabe, la Corte Superior Nacional señaló que el juez Ayala decidió “inaplicar, en el caso concreto y mediante la potestad constitucional del control difuso” la ley, al considerarla inconstitucional y contraria a tratados internacionales.
El titular de la PCM explicó que el Gobierno no cuestiona la existencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino los fallos emitidos por la Corte IDH.
"No ponemos en duda el Sistema Interamericano, sino las competencias de una corte que, en nuestra opinión, no actúa de forma subsidiaria en ciertos casos específicos".
El primer ministro enfatizó que el Ejecutivo considera que primero deben agotarse los recursos de la justicia nacional antes de recurrir a instancias internacionales.
"Además, creemos que estas decisiones exceden las atribuciones que una corte como esta debería tener", añadió.
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