Las crisis en Venezuela se acentúa. | Fuente: EFE

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Nos acercamos al fin de año con un espacio político orientado por dos grandes objetivos: reformar nuestras instituciones para adaptarlas a la modernidad y culminar con éxito la lucha contra la corrupción. De esos dos ideales depende el apaciguamiento de la vida pública y la creación de condiciones favorables para mejorar las tímidas tasas de nuestro crecimiento económico. Es un ejercicio útil observar a nuestro alrededor y tomar nota de las malas evoluciones en países como Colombia, Argentina, Nicaragua y Venezuela.

Colombia es uno de los diez países en los que Odebrecht  sobornó a funcionarios públicos para obtener obras y aumentar sus ingresos con adendas y sobrevaluaciones. En una de esas obras, la llamada Ruta del Sol, Odebrecht pagó una coima de 28 millones de dólares. Uno de los principales acusados es Luis Fernando Andrade, ex-jefe de la Agencia Nacional de Infraestructura. Pues bien, el testigo Rafael Merchán  ha aparecido muerto en condiciones sospechosas antes de haber podido rendir testimonio. Merchán se desempeñó como Secretario de Transparencia bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, quien también es testigo en la misma causa. La súbita muerte de un hombre saludable de 43 años es tanto más inquietante que tiene lugar semanas después de la muerte inexplicada de otro testigo, Jorge Enrique Pizano, ejecutivo de un consorcio integrado por Odebrecht, quien se aprestaba a declarar sobre prácticas corruptas que conoció de primera mano.

En Argentina el debate gira en torno a los indicadores económicos, todos los cuales son peores que las previsiones más prudentes. La inflación es casi el doble de lo anticipado y se acerca al 47%, el valor del dólar, 39 pesos, es también el doble, mientras que la tasa de crecimiento lejos de 2% previsto es menos 2%. Es cierto que los malos resultados tienen que ver con una sequía histórica y el alza de la tasa de interés en Estados Unidos, pero lo real es que los acuerdos logrados con el Fondo Monetario Internacional no han producido el esperado shock de confianza. Peor aún, el próximo año se realizarán elecciones generales en las que el presidente saliente Mauricio Macri podría perder: la incertidumbre política se añade a los otros factores que, lejos de estimular, desalientan la inversión.

Una lección diferente nos ofrece Nicaragua, país que registraba tasas envidiables de crecimiento y una relativa estabilidad favorecida por alianzas establecidas por el dictador sandinista Daniel Ortega. El año termina con una elevada tasa de víctimas de la violencia política, en particular jóvenes estudiantes ejecutados por milicias paramilitares. La situación es tan extrema que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ha afirmado este jueves que propondrá la aplicación de la Carta Democrática para expulsar a Nicaragua de la OEA. Almagro también adelantó que presentará a la ONU los resultados del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GEIE, que denunció la comisión de crímenes de lesa humanidad bajo responsabilidad de Ortega. El informe no pudo ser presentado en Managua porque el gobierno expulsó del país a los expertos.

En materia de violencia y tasa de homicidios, Venezuela bate todos los records en América Latina. No menos de 23,000 personas han muerto de manera violenta a lo largo del 2018, es decir un promedio de 81 casos por cada 100,000 ciudadanos, superando los tristes porcentajes de Honduras y El Salvador. De esos 23,000 más de 7,000 fueron homicidios causados por lo que los partes policiales llaman púdicamente “resistencia a la autoridad”. En la mayoría de los casos se trata de violencia de Estado y ejecuciones extrajudiciales.

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