Por Alberto Otárola Peñaranda
Abogado constitucionalista, ex ministro de Defensa.
En las últimas semanas hemos apreciado una serie de opiniones respetables, que proponen la entrega del control y la gestión de la pandemia COVID-19 a las Fuerzas Armadas. La lógica que utilizan es muy sencilla: los militares son preparados en las escuelas con cursos de planificación estratégica y movilización nacional, y siendo el coronavirus un “enemigo” invisible, no convencional, corresponde confrontarlo con la lógica y liderazgo castrenses. Para ello proponen que el eje articulador de la estrategia del Estado se dirija desde el Consejo de Seguridad Nacional y sea el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas el ente rector de dicha estrategia.
La propuesta no es descabellada, pues efectivamente las FFAA son entrenadas para enfrentar a un enemigo y este puede ser adquirir diversas formas que amenazan la seguridad del país. En el caso de la COVID-19 no queda duda que estamos ante un virus letal pero, ¿la pandemia podría catalogarse como “enemigo” del Estado y que en tal situación deben aplicarse sobre este adversario oculto la política de seguridad y defensa nacional, contenida en la Ley 28478? No lo creemos. Las doctrinas emergentes sobre seguridad, especialmente innovadoras con el advenimiento del siglo XXI, asumen que el enemigo del Estado ya no es el que tradicionalmente describían los antiguos textos trabajados por el CAEN. En efecto, pueden existir enemigos no convencionales, frente a cuya actuación la defensa nacional debe estar preparada. Es el caso, por ejemplo, del narcotráfico, cuya influencia transnacional amenaza la seguridad de los países productores de coca y sus derivados, como el Perú. En estos casos las Fuerzas Armadas tienen un rol de apoyo a la Policía Nacional, que siempre debe ser subsidiario, pero que excepcionalmente es necesario para la preservación de la seguridad nacional.
Hacia los años 70 y como consecuencia de los golpes militares en las Américas, la misión de las FFAA era muy clara y corta: la defensa frente al enemigo externo. Luego vino el período de democratización y después de la Cumbre de las Américas de 1994 se fue ampliando el rol hacia las misiones de paz internacionales. Posteriormente, luego del ataque a las Torres Gemelas y el fin del Consenso de Miami se aceptó que participen en la gestión de riesgo y apoyo en desastres naturales; igualmente se consensuó su participación en el control excepcional del orden interno, que puede incluir -como ya se dijo- el combate al narcotráfico, el control de las fronteras, la lucha contra la minería ilegal y la vigilancia aduanera. En esa perspectiva, las amenazas a la seguridad se erigieron también como problemas sociales de orden trasnacional y no como conflictos entre los Estados. .
Sin embargo, es muy distinto el considerar al coronavirus como “enemigo” desde la perspectiva castrense. Se trata de una pandemia que no amenaza la seguridad y defensa de la Nación sino los derechos fundamentales a la salud y a la vida de los peruanos; por tanto, la rectoría para enfrentarla corresponde sin duda alguna al Ministerio de Salud. Se puede debatir si el desempeño de este organismo público es eficiente o no, pero equivocar los roles de la FFAA es también una forma de desconocer el sistema de competencias del Estado peruano. Las FFAA tienen sin duda la logística y los medios para apoyar la lucha contra la pandemia; hasta ahora no entendemos por ejemplo cómo así su sistema de transporte, que desfila marcialmente en Fiestas Patrias cada año, no fue activado con eficacia para trasladar a miles de peruanos que emprendieron el triste retorno a sus ciudades, huyendo de la pandemia. Pero también se debe reconocer que se ha utilizado con intensidad en la pandemia el aparato logístico aéreo, oportunamente renovado en el gobierno del presidente Ollanta Humala.
Como lo establece la Ley Orgánica del Ministerio de Defensa, las FFAA tienen una misión central que consiste en organizar y preparar la fuerza para disuadir amenazas y proteger al Perú de agresiones, con el fin de contribuir a garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República. No las saquemos de su mandato constitucional.
NOTA: “Ni GRUPORPP ni sus directores, accionistas, representantes legales, gerentes y/o empleados serán responsables bajo ninguna circunstancia por las declaraciones, comentarios u opiniones vertidas en la presente columna, siendo el único responsable el autor de la misma”.
