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Finalmente, el gobierno obtuvo el voto de confianza por un margen mayor que lo previsto. El número total de 77 congresistas a favor es superior al que votó la investidura del gabinete del Solar hace poco más de dos meses. Es cierto que entre esos 77 votos figuran 34 miembros de Fuerza Popular que no impuso la disciplina del voto único. Solo 14 fujimoristas votaron contra, entre los cuales destacan Luis Galarreta, Rosa Bartra y Héctor Becerril, pero no el vocero Carlos Tubino, ni Luz Salgado ni Úrsula Letona.
Los que sí votaron contra sin excepciones son los miembros de las bancadas de izquierda, Frente Amplio y Nuevo Perú, fieles a su estrategia de promover la disolución del Congreso, seguida de elecciones generales e incluso la convocatoria a una Asamblea Constituyente. También el APRA puso sus cinco votos al servicio del No de la confianza, mientras que en Acción Popular cuatro votaron a favor y solo Víctor Andrés García Belaunde emitió un solitario voto contra.
Todos los congresistas, independientemente del sentido de su voto, han convalidado el procedimiento propuesto por el gobierno, por lo que carece de sentido la propuesta de elevar una consulta al Tribunal Constitucional, cuyo presidente, por lo demás, había adelantado opinión sin necesidad de haber sido consultado. El Sí a la confianza significa que hay consenso para llevar a cabo una reforma política, que según el presidente Vizcarra es un requisito para mejorar el funcionamiento de todas nuestras instituciones.
En el espíritu de la política de Estado sometida a la consideración del Congreso existe un vínculo intrínseco entre la reforma política y la lucha contra la corrupción. Entre los proyectos de ley mencionados por el primer ministro destacan la prohibición de candidaturas de personas condenadas por delitos dolosos, así como un mejor control del financiamiento ilegal de las campañas electorales.
En el mejor de los escenarios, el Congreso podría ser coherente con el voto de confianza y someter al pleno en el menor plazo posible los proyectos de ley. Debe también completar los procesos disciplinarios en curso y elegir a seis nuevos miembros del Tribunal Constitucional.
Por su parte, el gobierno debe poner todo su esfuerzo en mejorar la gestión de los diferentes sectores, comenzando con la ejecución de los presupuestos asignados a los ministerios. El avance de la ejecución reportada por instancias oficiales confirma los malos indicadores, favorecidos sin duda por los cambios de ministros y los consiguientes nombramientos de nuevos funcionarios.
Otras prioridades
El destrabe de grandes proyectos públicos y privados es otra prioridad. Entre ellos destaca el caso del Gasoducto del Sur. Pocos espectáculos más desalentadores que la sucesión de tubos abandonados a lo largo de kilómetros, expuestos a la intemperie y sin que nadie parezca decidido a tomar los riesgos que implica probar que se puede sancionar a empresas corruptas sin paralizar los proyectos en que se hallaban implicadas.
Otro proyecto que espera decisiones del Estado es la inversión minera Tía María en territorio moqueguano. Esperemos que no suceda con él lo mismo que sucedió con el fracaso de Conga en Cajamarca. Ese fracaso marcó el quinquenio del expresidente Ollanta Humala y contribuyó a convertir a Cajamarca en una de las regiones en las que la pobreza aumentó más durante los últimos años.
El lanzamiento del proyecto cuprífero Tía María no solo aumentaría de manera considerable el empleo, el canon y las regalías, sino que significaría también una poderosa señal sobre la actitud de nuestro país ante la inversión privada en general y la minería en particular.
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