El hecho de haber necesitado seis días para buscar al reemplazante del censurado ministro Vicente Romero, hace pensar que la demora es fruto de discrepancias en el más alto nivel del Estado.
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Tanto el Ejecutivo como el Congreso han tomado ayer decisiones sobre las que se puede dudar que contribuyan a sacarnos de la crisis económica e institucional en la que nos hallamos. El ex ministro del Interior Carlos Morán había advertido que el nuevo titular del Interior debía “imponer su propia figura” frente al primer ministro Alberto Otárola. ¿Será posible que Víctor Torres Falcón cumpla con ese criterio? Durante su paso por la Policía Nacional, el hoy general retirado, no ha dejado el recuerdo de su liderazgo ni de su capacidad de gestión. Y esas son precisamente las virtudes que debe ejercer quien asume la responsabilidad política de hacer frente a la delincuencia y la criminalidad organizada. El hecho de haber necesitado seis días para buscar al reemplazante del censurado ministro Vicente Romero, hace pensar que la demora es fruto de discrepancias en el más alto nivel del Estado. Y si es así, el escogido podría corresponder al perfil de alguien acostumbrado a obedecer y no a liderar. También la Comisión de Constitución del Congreso ha aprobado un dictamen que permite dudar de la profundidad con la que el fujimorismo y sus aliados aspiran a garantizar una verdadera reforma política. Es difícil dudar que el restablecimiento de la bicameralidad y la reelección contribuirán con la multiplicación de ciudadanos comprometidos con la función política, es decir dispuestos a candidatear a los mandatos electivos que son el fundamento de nuestra democracia. Pero la comisión presidida por Marta Moyano pretende vaciar de su sentido la figura de elecciones internas en los partidos políticos. Si el Pleno aprueba el dictamen, como todo parece indicar, seguiremos teniendo los partidos que vemos ahora en acción: sin visión de país, sometidos a la voluntad del líder, incapaces de despertar confianza en la población. Por si fuera poco, se amplían los poderes discrecionales del Defensor del Pueblo, quien podría designar a dedo al secretario de la comisión que deberá escoger a los futuros miembros de la Junta Nacional de Justicia.
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