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por Oswaldo Palacios
·Videos muestran que sostuvo citas extraoficiales con diversas personas, una de ellas acusada de ser operador clave de la presunta red criminal que, según la Fiscalía, lideraría el propio Juan José Santiváñez. Además, chats y un testigo protegido lo implican en un presunto favorecimiento ilícito para las contrataciones de defensa legal de generales de la PNP.
Una investigación periodística dio cuenta que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, sostuvo reuniones no oficiales cuando trabajaba en la Oficina de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial.
Imágenes difundidas por Cuarto Poder muestran que Santiváñez Antúnez —quien enfrenta múltiples investigaciones, entre ellas por presunto tráfico de influencias, lavado de activos, encubrimiento personal y abuso de autoridad— abandonaba con frecuencia su oficina en Palacio de Gobierno para trasladarse al restaurante Cordano, en el centro histórico de Lima.
En este establecimiento, de acuerdo con el programa, se reunió de manera “clandestina” con diversos personajes en al menos seis ocasiones. Ninguna de las citas se registró en el portal de Transparencia.
En uno de esos encuentros, el ahora ministro fue visto entregando documentos a un hombre aún no identificado. En otro se reúne con el abogado Álex Alberto Alaluna Álvarez. Poco después, se unió a la cita Marco Antonio Palacios Meza, a quien la Fiscalía considera parte integrante de una presunta organización criminal liderada por Juan José Santiváñez, conocido como "Cachetón".
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, esta red estaría integrada también por Percy Alberto Tenorio Gamonal, Yessenia Stefany de la Cruz Rivas, Gregorio Martín Villalón Trillo, Yber Torres Pariona y Máximo Gustavo Ramírez de la Cruz.
La organización habría conformado “un grupo estructurado con capacidad operativa y carácter permanente para cometer delitos contra la administración pública, como colusión simple, cohecho pasivo propio e impropio y encubrimiento real agravado, con el fin de obtener beneficios económicos” (caso Ícaros).
Presunto direccionamiento de contratos
En palabras del testigo protegido 03-2025, Palacios Meza no solo era socio en el estudio jurídico del cuestionado ministro de Justicia, sino también uno de sus hombres de mayor confianza.
“Marco Antonio Palacios Meza aún mantiene comunicación con Juan José Santiváñez y es a través de este último al tener el cargo como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, además realiza coordinaciones con la Oficina General de Administración del Ministerio del Interior, a fin de que se le pague a Percy Tenorio Gamonal por la defensa legal de [los generales PNP] Augusto Javier Ríos Tiravanti, Ántero Rosendo Mejía Escajadillo, David Pablo Villanueva Yana, Gregorio Martín Villalon Trillo y Walter Octavio Calla Delgado”, detalló.
La investigación fiscal sostiene que Palacios Meza habría sido el intermediario para coordinar con un “hombre clave” (Juan José Santiváñez, según el Ministerio Público), mediante llamadas telefónicas, encuentros directos en restaurantes o en la oficina del Ministerio del Interior, con el propósito de direccionar contratos millonarios de defensa legal a favor de los cinco generales de la Policía Nacional, acusados por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en el contexto de las protestas sociales de 2022. Cada defensa costaba 200 000 soles, lo que en total representaba un millón en juego.
“Para que Percy Alberto Tenorio Gamonal pueda acceder a las contrataciones, el 'hombre clave' habría dispuesto que la Defensoría del Policía -que depende directamente del despacho ministerial- adecue o, de ser necesario, modifiquen los términos de referencia al perfil del operador”, detalla la Fiscalía.
El dominical refirió que para concretar esas movidas se habría contado con el apoyo del general PNP Máximo Ramírez de la Cruz, director de la Defensoría de la Policía Nacional, nombrado en el cargo por el propio Santiváñez. Durante su gestión se flexibilizaron los requisitos —los términos de referencia— para contratar abogados, beneficiando así a Percy Alberto Tenorio Gamonal: la experiencia mínima se redujo de diez a tres años y ya no se exigía una maestría en Derecho Penal o Derecho Constitucional.
Para la Fiscalía, Julissa Martina Lores Muñoz —administradora de INDOMITUS SAC, de Tenorio Gamonal—, “por orden de su jefe inmediato y con intervención de Marco Antonio Palacios Meza”, habría cambiado los términos de referencia, pese a que era una persona totalmente ajena al Ministerio del Interior. Este hecho se llevó a cabo supuestamente en coordinación con el servidor público de la Defensoría del Policía, Yber Torres Pariona y “con conocimiento e indicación” del director general de la Defensoría del Policía, Máximo Gustavo Ramírez de la Cruz.
Al ser entrevistado por Cuarto Poder, Ramírez de la Cruz negó haber favorecido a alguien, aunque reconoció que Palacios y Tenorio lo visitaron en su despacho en septiembre de 2024. “Soy incapaz de concertar con alguien en este tipo de estupideces que me achacando”, dijo.
Sin embargo, chats de WhatsApp atribuidas a Percy Tenorio reforzarían la tesis de que existió un esquema para cerrar acuerdos ilícitos. “La finalidad de la organización era cobrar la suma total de las cinco defensas legales de lo generales subvencionados por el Estado, a través de las cuentas de la empresa del operador Percy Alberto Tenorio Gamonal”, dice la Fiscalía.
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