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El fiscal Carlos Ordaya del Eficcop denunció que dos efectivos de la PNP que habrían estado a cargo de la protección de testigos protegidos del caso Ícaros los habrían amenazado e inducido para que no declaren ante la Fiscalía. Según la denuncia, serían cercanos a altos mandos policiales.
El fiscal provincial Carlos Ordaya, miembro del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), denunció este viernes que dos miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) habrían hecho marcaje y reglaje contra testigos protegidos del caso Ícaros, además de amenazarlos e inducirlos para que no declaren ante el Ministerio Público por el referido caso.
Ordaya López señaló que la denuncia ha sido remitida a la fiscalía penal de turno y se señala a los efectivos por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia, marcaje y reglaje.
"El día de ayer, es necesario poner en conocimiento que, con Oficio 982-2025, se ingresó una denuncia a mesa de partes de la fiscalía penal de turno, denunciando a dos efectivos policiales por delitos de obstrucción a la justicia y por delitos de marcaje y reglaje [...] Esta denuncia que ha ingresado ayer, que son más de 90 folios entre conversaciones, chats, donde los custodios que deberían encargarse de custodiar a nuestros testigos protegidos -porque están dentro del registro del UCAVIT, que es la entidad encargada de proteger a las víctimas y testigos- han sido amenazados en el transcurso de esta investigación. A cierta manera que incluso fueron inducidos para que no vengan a declarar, para que no sigan aportando los elementos de convicción", indicó.
"Esta denuncia es respecto a dos efectivos policiales debidamente identificados […] Pero esto resulta muy grave que hayan utilizado los nombres de altos mandos de la Policía para poder intimidar, para poder sugerir a efectos de que no sigan colaborando estos testigos protegidos, cuando estos efectivos policiales deberían custodiarlos, protegerlos; sin embargo, no cumplieron con esa función", acotó.
Asimismo, el magistrado destacó que, a lo largo de la investigación del caso, han escuchado "de muchos efectivos policiales, tanto en situación de retiro [como] en actividad, que tienen miedo de denunciar, a ser cambiados o a ser invitados a la situación de retiro".
Presunta cercanía a altos mandos policiales
RPP accedió a la denuncia remitida por el fiscal Carlos Ordaya a la Fiscalía Provincial Penal de Lima, donde se detallan los hechos por los que se pediría iniciar diligencias contra los efectivos involucrados. Según se señala en el documento, los policías formarían parte de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), y como tal habrían sido asignados a la protección de un testigo protegido del caso Ícaros.
El referido testigo le habría indicado a uno de esos oficiales que, el pasado mes de mayo, "personas desconocidas robaron partes de su vehículo, indicando que se llevaron estas partes rompiéndolas, lo que le hace presumir que, en ese estado, no las van a poder vender", por lo que concluyó que se trataba de una "advertencia", ya que uno de los investigados "sabe que utiliza dicho vehículo para trasladar a su menor hija".
No obstante, según declaró el testigo ante la Fiscalía, el oficial a cargo de su protección "no trasladó al despacho fiscal a cargo del caso los hechos que le reportó".
Además, relató que el efectivo le dijo que le tenía que "comentar sobre su caso para poderle ayudar", consultandole además si este tenía relación con "el caso del coronel Colchado" ya que "su jefe" habría tenido "problemas" con dicho exjefe de la Diviac.
"Mire, mejor usted ha pensado en dejarlo, quizá esto se caiga. Su vida está en riesgo, además su niña. Él va a notificar a Arriola, también a Canario", habría indico el efectivo al testigo.
Ante ello, el testigo protegido indicó que había tomado esto como un consejo, pero que luego entendió que "él estaba tratando de persuadir, a fin de que ya no brinde más información a la Fiscalía" sobre los hechos denunciados. En otra oportunidad, el policía le habría dicho que le daría "más protección" si es que "le daba información".
Adicional a ello, el referido testigo declaró que tenía conocimiento que desde la Dirección de Inteligencia-DIRIN PNP, adscrita al Ministerio del Interior, "estarían haciendo seguimiento" a otra persona relacionada al caso.
El testigo protegido indicó a la Fiscalía que tenía conocimiento que desde la DIRIN del Mininter se estaba haciendo seguimiento a una ciudadana vinculada al caso ÍcarosFuente: Andina
Según el testigo, el pasado 23 de mayo se presentó vía WhatsApp "el técnico policial conocido como 'Pantera'" mencionando que sería su nuevo custodio. Este le habría anunciado que "cualquier coordinación solo se realizaría con él, ya no con el fiscal ni con el superior [...]".
"Quiero agregar que las veces que le reportaba algún indicente, tanto al anterior efectivo policial y a Pantera, solían minimizarlo, refiriendo simplemente que no era un peligro inminente, lo que yo sí consideraba un peligro debido a que me seguían personas extrañas alrededor de mi propio domicilio", relató el testigo.
"Asimismo, este efectivo policial me pedía mis ubicaciones en tiempo real. Al no poder enviarle, volvía a llamarme insistentemente, mostrando su molestia. Además, me hacía seguimientos, como sucedió el día 10 de junio de 2025, quien me dice que estoy con un traje azul. Lo otro es que cuando asistía a las diligencias fiscales, sus llamadas fueron muy insistentes, preguntándome dónde estaba", agregó.
El referido testigo también indicó que "sobre este efectivo policial 'Pantera' tuve conocimiento que es personal de entera confianza del Comandante General de la Policía Víctor José Zanabria Angulo, quien este último es de confianza de Juan José Santiváñez Antúnez".
La denuncia señala que el testigo también puso en conocimiento que "el general Óscar Arriola Delgado habría dispuesto que se le haga seguimiento a su despacho desde fines del año 2024, a través de la DIRINCRI".
A partir de estos hechos, el EFICCOP dispuso derivar el hecho a la fiscalía penal correspondiente "a fin de que se inicie investigación contra los efectivos policiales [...], quienes presuntamente habrían ofrecido y propuesto al testigo [...] a fin de que no declare sobre hechos que viene declarando [...], presuntamente por estar relacionado con los generales de la PNP Víctor Zanabria Angulo y Óscar Arriola Delgado, cercanos al exministro del Interior Juan José Santiváñez Antúnez".
En ese sentido, el equipo especial de la Fiscalía señaló que dichos altos mandos policiales "presuntamente estarían ordenando actos de marcaje y reglaje" a otra ciudadana relacionada al caso, "a través de la DIRIN PNP"; "y contra personal fiscal del EFICCOP por parte de la DIRINCRI PNP".
Además, el fiscal Ordaya solicitó informar de estos hechos a la DIVIAC "a fin de que adopte las acciones de control y supervisión en la protección de la vida e integridad física del testigo protegido [...], bajo responsabilidad funcional".
¿Qué hechos se investiga en el caso Ícaros?
El caso Ícaros se refiere a la existencia de una presunta organización criminal liderada por el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. Según la Fiscalía, antes de ejercer el cargo de ministro del Interior, "en su calidad de no aforado, habría formado parte del brazo de protección de la organización criminal liderada por Nicanor Boluarte Zegarra, a efectos de que se generaran espacios de impunidad para que dicha organización cumpliera sus fines".
"En ese contexto, cuando Juan José Santiváñez ocupó el cargo de ministro del Interior, comenzó a gestar su propia organización criminal dentro del Poder Ejecutivo, cuya finalidad sería obtener réditos económicos mediante la comisión de delitos contra la administración pública", señala el Ministerio Público sobre el caso en su requerimiento de allanamiento, presentado ante el Poder Judicial y ejecutado el último miércoles en 14 inmuebles, entre ellos la casa del hermano de la presidenta de la República.
La Fiscalía indica que Santiváñez habría captado personas de confianza como Percy Alberto Tenorio Gamonal, a quien, desde el cargo de ministro del Interior, habría beneficiado interveniendo para que aparezca como proveedor de 5 contrataciones de defensa legal de generales en estado de actividad, quienes vienen siendo investigados por las muertes en las protestas sociales que iniciaron en 2022 contra Dina Boluarte. Estas contrataciones serían por S/200 mil cada una.
Las investigaciones apuntan a que, para que Percy Tenorio pueda acceder a las contrataciones, Santiváñez "habría dispuesto que la Defensoría de la Policía -que depende directamente del despacho ministerial- adecúe o, de ser necesario, modifique los términos de referencia del perfil del operador".
Asimismo, la Fiscalía investiga un presunto pago de 20 mil dólares que habría hecho el general PNP Gregorio Villalon a Juan José Santiváñez para permanecer en actividad, dinero que habría sido entregado a través de Percy Tenorio Gamonal.
Un tercer hecho investigado por el Ministerio Público en torno al caso se refiere a que, a mediados de agosto de 2024, la presidenta Boluarte le habría encomendado a Santiváñez que "haga lo posible por conseguir arraigos laborales creíbles mediante empresas de confianza para Nicanor Boluarteb Zegarra [...], por lo que, a efectos de mantener la confianza de la mandataria", este habría puesto a disposición "la presumible red criminal".
Para ello, Percy Tenorio habría propuesto a Franco Parodi Gianella, propietario de la mina El Dorado, y a Gianfranco Meza, financista de la misma, la recuperación de dicha mina a través de un supuesto operativo policial, a cambio de 60 mil dólares y "la búsqueda y confección de arraigos laborales en beneficio de Nicanor Boluarte", razón por la cual el hermano de la presidenta "habría asistido hasta 7 veces a la oficina del estudio jurídico Tenorio" a fin de coordinar la "forma de creación de arraigos laborales ficticios" y "hacerlo pasar como una especie de consultor de la empresa minera".
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