Martín Vizcarra dice estar "satisfecho" con el informe de la Comisión de Venecia

El presidente Martín Vizcarra se mostró "satisfecho" por la opinión emitida por la Comisión de Venecia, el órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional, sobre la propusta de adelantar las elecciones. En declaraciones a la prensa, dijo que este informe se ha dado "en los términos que esperábamos nosotros como Gobierno".

Vizcarra destacó que para este órgano el desempeño del Gobierno estuvo "sujeto a la Constitución". Al ser consultado sobre lo señalado por los expertos constitucionales respecto a que "vincular una reforma constitucional a una moción de confianza es inusual", el jefe de Estado señaló que "una cosa es decir inusual y otra inconstitucional".

"Además, nosotros, por el caso específico del adelanto de elecciones que propusimos, no presentamos cuestión de confianza. Aceptamos los términos del informe de la Comisión de Venecia y, como siempre, respetamos a todas las instituciones", reiteró.

El informe de la Comisión de Venecia

La Comisión de Venecia, el órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional, publicó su opinión solicitada por Perú en la que recuerda que "todo proceso de reforma constitucional debe preservar el principio de separación de poderes".

La opinión no vinculante fue requerida por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea -antes de la disolución del Parlamento-, debido a su "preocupación por la cuestión de confianza del Gobierno para forzar el voto a favor de las enmiendas constitucionales propuestas".

El texto de los expertos constitucionales dice que "vincular una reforma constitucional a una moción de confianza es inusual" y añade que, aunque el presidente puede iniciar la reforma con la aprobación del Consejo de Ministros, "el Congreso debe ratificar los cambios".

En el informe se señala que la Comisión de Venecia defiende que "la decisión de disolver el Congreso no estuvo ligada a la aprobación de la reforma constitucional". De igual modo, que la Constitución "no establece ninguna limitación explícita con respecto a los problemas que puedan estar vinculados a una cuestión de confianza".