Lo inusual y lo constitucional [COLUMNA]

El presidente del Tribunal Constitucional ha anunciado que este jueves sesionará el Pleno de su institución para tratar diferentes aspectos vinculados a la disolución del Congreso. Son varias los temas que han sido sometidos al máximo intérprete de la Constitución: una medida cautelar y una demanda de competencia presentadas por el presidente de la Comisión Permanente. Pero también la demanda del abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos quien quiere integrar el Tribunal “sin más trámite”. Ernesto Blume ha prometido administrar justicia constitucional con dos virtudes que suelen ser difíciles de combinar: la prudencia y la celeridad. Con el anuncio de Blume queda disipada una de las dudas que perturbaban el debate público, mientras los partidos se preparan para participar en las elecciones convocadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Los magistrados tienen que explicar a las partes y a la opinión pública si las demandas presentadas por Pedro Olaechea son admisibles, pese a haber sido presentadas a título de Presidente del Congreso, cargo que según algunos está usurpando desde la disolución. Si las demandas fueran admitidas, el voto de los siete jueces podría implicar la suspensión de las elecciones, convocadas por la autoridad competente y respaldadas por un amplio porcentaje de la población. Respecto al caso Ortiz de Zevallos, el Tribunal tiene que decidir si las objeciones presentadas contra su elección son válidas y si le corresponde a él o al futuro Congreso absolverlas. Se añade a esa dificultad la ausencia de publicación de la elección en el diario oficial El Peruano.

Y lo que le da más sustancia política a los procedimientos constitucionales, es que Blume anunciara también que en los próximos días presentará, de manera encriptada, a sus colegas la ponencia sobre el recurso de Habeas Corpus presentado en beneficio de Keiko Fujimori.

En estas circunstancias se ha pronunciado la Comisión de Venecia, sobre un tema que dejó de tener vigencia cuando la Comisión de Constitución decidió archivar un proyecto presentado por el gobierno: el adelanto de las elecciones generales, que por cierto muchos de los que lo rechazaron sostienen ahora que hubiera sido el mejor camino para superar la crisis política que subyace a las querellas constitucionales. Los juristas de la Comisión han reiterado que la constitución peruana no limita el campo de los temas que pueden ser atados a una cuestión de confianza. Los expertos dicen también que “en el derecho comparado es inusual que las reformas constitucionales sean objeto de cuestiones de confianza”. Es cierto. Pero también es cierto que lo inusual en América Latina es que exista la figura constitucional de la cuestión de confianza y menos aún la de la disolución, de la misma manera que somos el único país latinoamericano que tiene el cargo de presidente del Consejo de ministros. Todo en esta crisis es tan inusual que es la primera vez que se aplica en nuestro país la disolución, cuyos términos están definidos por la Constitución de 1993.

Pedro Olaechea ha afirmado anoche que en esta crisis “todos hemos cometido errores”, tratando de forzar las normas en uno u otro sentido. “El Congreso también”, reconoció. Si las cosas son así, esperemos que el Tribunal Constitucional aporte una clarificación imparcial que permita concertar esfuerzos para hallar una salida razonable.

La alternativa al diálogo es lo que hemos visto en Ecuador: violencia, destrucción y muerte. El presidente Lenín Moreno ha terminado por retirar las medidas económicas que causaron doce días de protestas. Moreno ha interpretado el fin de la crisis como el fracaso de lo que llamó el “golpe de estado” promovido por sectores vinculados al expresidente Rafael Correa y al régimen venezolano. Pero lo real es que ha fracasado su intento de sincerar la economía de su país, poniendo fin a los subsidios de los carburantes. Gobernar es siempre difícil. Sin diálogo es imposible.

Las cosas como son