por Redacción RPP
·El Ejecutivo publicó este domingo un decreto supremo que establece disposiciones complementarias para implementar la Ley N° 32490, promulgada en noviembre pasado. El Gobierno anunció la medida como la reglamentación de la ley.
El Gobierno dictó disposiciones complementarias a la Ley N° 32490, que establece medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público y de mercancías, mediante el Decreto Supremo N° 009-2026-PCM publicado este domingo en el diario oficial El Peruano.
Esta norma, refrendada por varios ministros, busca fortalecer la seguridad operativa, la protección de víctimas y la continuidad del servicio, en respuesta a la criminalidad que afecta este sector esencial para la economía y la movilidad.
El decreto llega tras anuncios del presidente José Jerí, quien había fijado un plazo máximo para este domingo, reconociendo demoras previas en la implementación.
Según un comunicado de prensa de la Presidencia emitido hoy, esta medida representa un paso de "la defensiva a la ofensiva contra la delincuencia y el crimen organizado", consolidando acciones integrales en prevención, respuesta y recuperación.
La Ley N° 32490, promulgada el 3 de noviembre de 2025, había autorizado a la Presidencia del Consejo de Ministros a emitir normas complementarias mediante decreto supremo, refrendado por los ministros de Transportes y Comunicaciones, Interior y Economía y Finanzas.
En el comunicado de este domingo, el Gobierno destaca que el decreto reglamenta la ley, aunque el texto normativo se refiere a disposiciones complementarias.
Esta acción responde a protestas de transportistas, como el paro del miércoles pasado en Lima y Callao, ante atentados con explosivos y armas de fuego.
Medidas de prevención y preparación
El decreto complementa las disposiciones de la ley original al detallar acciones específicas en prevención financiera y control de flujos.
"La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) supervisa el monitoreo que deben efectuar las empresas supervisadas [...] a fin de detectar movimientos extorsivos en cualquier transferencia de recursos vinculada a denuncias por extorsión", indica el artículo 3 del decreto.
Además, se establece la certificación de rutas seguras por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), incorporando tecnologías como cámaras y botones de pánico integrados al Sistema de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Cibernética e Inteligencia (C5i).
De acuerdo a la disposiciones complementarias, la Policía Nacional del Perú elaborará mapas georreferenciados de riesgos, y se implementarán capacitaciones para detectar y denunciar actos extorsivos, con un plan a elaborarse en siete días.
Respuesta inmediata y protección a víctimas
En el ámbito de la respuesta, el decreto dispone centros de comando y patrullaje focalizado por la Policía Nacional del Perú, integrados al C5i y con acceso a sistemas de videovigilancia de gobiernos locales y regionales.
"La Policía Nacional del Perú, implementa los mecanismos de protección de víctimas en el marco del Decreto Supremo N° 009-2025-IN el cual establece como medidas de protección: - Reserva de la información de la denuncia y de la identidad del denunciante. - Canal telefónico de orientación al ciudadano. - Botón de pánico antiextorsión y atención inmediata. - Patrullaje focalizado", detalla el artículo 8.
Se prevén investigaciones coordinadas entre fiscalías especializadas y unidades policiales, así como planes de rutas provisionales en zonas de riesgo para evitar desabastecimiento, con un plazo máximo de 72 horas para restablecer servicios.
Reactivación y recuperación económica
Para la fase de recuperación, el decreto impulsa un fondo de riesgo y garantía estatal, financiado con bienes incautados al crimen organizado, para otorgar créditos blandos y compensaciones.
"El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, en el plazo de treinta (30) días calendario posteriores a la vigencia de la presente norma, impulsa la implementación de marco normativo para el desarrollo del Fondo, apoyo financiero postdelito y reparación integral", establece el artículo 12.
Incluye atención psicológica bajo la Ley de Salud Mental, programas de reinserción laboral a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y el programa Ruta Segura Restablecida para reparar infraestructura. Además, refuerza la extinción de dominio de bienes vinculados a extorsiones y el Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES), con funciones de investigación conjunta.
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