El gobierno peruano publicó hoy el Decreto de Urgencia (DU) que establece incentivos para el fomento del “chatarreo”, mecanismo dirigido a la renovación o retiro definitivo de vehículos, a fin de reducir las emisiones contaminantes en el aire como material particulado fino (PM2,5) y otras partículas nocivas para la salud, así como gases de efecto invernadero (GEI).
Días atrás, la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz destacó que, para el Estado, reducir la contaminación vehicular y mejorar el parque automotor es una prioridad. “La contaminación del aire está dada en su mayoría por la antigüedad de las unidades vehiculares de nuestro parque automotor. Esta medida (bono de chatarreo) permitirá cambiar unidades antiguas por nuevas y mejorar nuestra calidad de vida”, remarcó.
El referido DU, fue elaborado en conjunto entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio del Ambiente (MINAM), y plantea el establecimiento claro y ordenado del marco normativo general para el proceso de chatarreo y las competencias de las autoridades relacionadas.
De esta forma, el MTC tiene la potestad de planificar, formular, aprobar y administrar los Programas Chatarreo de ámbito nacional y regional, mientras que, en el caso del ámbito provincial, esa competencia corresponderá a la ATU (Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao) y las municipalidades provinciales.
Asimismo, el MEF deberá establecer los lineamientos para la determinación de los incentivos económicos que correspondan y en coordinación con MTC y MINAM, establecerá las prioridades de atención de los programas de renovación y retiro vehicular (chatarreo).
En ese sentido, para un periodo de 10 años, se ha estimado que la implementación satisfactoria de estos programas de chatarreo permitirá evitar emisiones a la atmósfera en el orden de hasta 2 mil toneladas de material particulado fino, y otros contaminantes nocivos para la salud, así como 10 millones de toneladas de CO2, lo que repercutirá positivamente en ahorros en salud y ambiente (reducción de GEI), de hasta 170 millones de US$ y 70 millones de US$, respectivamente.
