En entrevista con RPP, el general (r) José Baella también destacó que los ministerios de Defensa e Interior hayan anunciado que la Policía y las Fuerzas Armadas trabajarán en el desbloqueo de carreteras. "Van a actuar de acuerdo a ley", dijo.
El general (r) José Baella, exjefe de la Dircote, destacó que la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada emitiera la primera condena contra un ciudadano por el delito de apología a un condenado por el delito de terrorismo (Abimael Guzmán) mediante el uso de tecnologías de información o de comunicación.
"Es un hecho inédito y hay que valorarlo. Ahí han tenido que ver mucho la Procuraduría y la Fiscalía porque han hecho una buena investigación y se ha sentenciado a ocho años a una persona (…) Es una situación inédita porque anteriormente se había abierto carpetas fiscales por esta situación. Creo que a partir de la fecha las cosas van a ser diferentes", dijo.
"Es un hito importante en la justicia, creo que es la primera sentencia porque este artículo del Código Penal tiene años, pero recién se da la primera sentencia: se había aplicado, pero no se llegaba a probar. Ahora se ha probado y se ha sentenciado (…) Tenemos que ser conscientes de que esta ley contra el terrorismo tiene 30 años y necesita actualizarse", añadió.
En otro momento, el exjefe de la Dircote saludó que los ministerios de Defensa e Interior anunciaran que la Policía, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, efectuará el desbloqueo de las carreteras de la Red Vial Nacional que se encuentran declaradas en estado de emergencia debido a las consecuencias negativas que esto ha generado.
"Ahí están claramente advirtiendo que van a establecer y van a catalogar bien lo que es el principio de autoridad, especialmente en las carreteras. Dicen que van a actuar de acuerdo a ley y la ley permite a ellos que, si en caso las turbas atentan contra la vida de un policía o un miembro de las fuerzas armadas, ellos tienen todo el derecho de acuerdo a ley", dijo.
Baella recordó que el decreto legislativo 1186, citado en el comunicado de los ministerios del Interior y Defensa, permite el uso progresivo de la fuerza por parte de la Policía, lo cual permite -según explicó- que los policías tienen el derecho, de acuerdo a ley, de utilizar las armas letales -luego de agotado el diálogo- en caso su vida se encuentre en peligro.
"Estos manifestantes que se muestran agresivamente tienen que tener en cuenta que no se deben exponer a que las Fuerzas Armadas y la Policía utilicen sus armas letales. Ellos pueden manifestarse pacíficamente, pero no bloquear las carreteras porque es un delito: no es posible que esté muriendo gente porque no se asiste ni que se esté desabasteciendo", indicó.
Policía y Fuerzas Armadas anuncian desbloqueo de carreteras
Esta tarde, los ministerios de Defensa e Interior emitieron un comunicado conjunto en el que informaron que la Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, efectuará el desbloqueo de las carreteras de la Red Vial Nacional que se encuentran declaradas en estado de emergencia debido a las consecuencias negativas que esto ha generado.
"Hacemos un llamado a quienes persisten en estas medidas ilegales a desistir de ello, permitir el desbloqueo pacífico de las vías y evitar enfrentamientos con las Fuerzas del Orden que actuarán en defensa de la legalidad, en el marco del artículo 137 de la Constitución, los Decretos Legislativos 1186 y 1095, y demás normas vigentes", indican.
En el pronunciamiento, recordaron que el bloqueo carreteras es un acto ilegal contra la libertad de tránsito de las personas y que, además, el Código Penal sanciona como delito de extorsión a quienes "con violencia o amenaza toman locales, obstaculizan vías, impiden el libre tránsito o perturban el normal funcionamiento de servicios públicos".
Asimismo, señalaron que hasta la fecha diez peruanos han perdido la vida como consecuencia del bloqueo ilegal de carreteras, entre ellos un recién nacido cuya madre no pudo recibir atención médica oportuna en La Libertad, un recién nacido en Puno y un niño de 1 año en Cusco que tampoco pudieron ser atendidos por los bloqueos de vías.
"El derecho a la protesta no faculta la obstaculización de vías, ni mucho menos puede superponerse al derecho a la vida de aquellas personas que requieren ser trasladadas para recibir tratamientos delicados como el oncológico o que necesitan que llegue a sus regiones oxígeno y medicinas para seguir viviendo", señalaron.
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