Juan José Santiváñez también negó ser el protagonista de un nuevo audio con el capitán PNP Junior Izquierdo, en el que habría dicho que el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, le alertó sobre allanamiento a su casa.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, defendió la tipificación de delitos graves como terrorismo urbano, al considerar que se podrá juzgar a responsables bajo circunstancias "que van unidas a la conceptualización de terrorismo".
Durante la presentación de los sospechosos del secuestro y posterior asesinato de una menor de 17 años en Cerro de Pasco, Santiváñez aseguró que calificar como "terrorismo urbano" estos actos criminales "va más allá de las penas".
"El calificar como terrorismo (urbano) implica que sea juzgado por un fiscal experto en terrorismo, que sea juzgado por un juez y un tribunal de la legislación especial, experto en calificación de medios probatorios y conductas criminales vinculadas al terrorismo", apuntó.
Asimismo, afirmó que la detención preliminar de los sospechosos podría extenderse hasta 15 días y no ser solo de 48 horas, "como es en cualquier tipo de delito". Además, de ser sentenciados, aseguró que los delincuentes podrían cumplir su sentencia en la Base Naval y la Dinoes.
"La pena no necesariamente tenga que cumplirse en un penal como Castro Castro, sino que podamos mandarlos al penal Naval o la Dinoes, porque es terrorismo", apuntó.
En otros temas, el ministro negó ser el protagonista de un audio, difundido en el dominical Cuarto Poder, en el que presuntamente le habría dicho al capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como 'Culebra', que el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria Angulo, le avisó sobre un eventual allanamiento a su vivienda.
Asimismo, consultado sobre la decisión de la administración de Donald Trump que suspende "toda la asistencia exterior" de su país "financiada por o a través del Departamento de Estado y la USAID", en donde estaba incluido el Perú, Santiváñez precisó que dicha medida no será ejecutada de manera permanente, sino que se hará por un plazo de 90 días, periodo en el que el Gobierno de EE. UU. evaluará qué tipo de asistencia es necesaria o no.
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