El exprocurador Ad-Hoc del caso Fujimori-Montesinos señaló que un planteamiento como este no busca fortalecer el Estado de Derecho. Por el contrario, consideró que podría acarrear problemas de "arbitrariedad en la imposición de la ley".
Antonio Maldonado, exprocurador Ad-Hoc del caso Fujimori-Montesinos, consideró inadecuado el proyecto de ley de terrorismo urbano en la lucha contra la criminalidad, pues no busca fortalecer el Estado de Derecho, sino, por el contrario, podría traer problemas posteriores de arbitrariedad.
"Considero que el marco legal que tenemos en este momento fundamentalmente es adecuado. Por supuesto que se requieren ajustes y correcciones, pero siempre en el espíritu de fortalecer el Estado de Derecho y no debilitarlo", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.
"Un planteamiento como este es un planteamiento que no busca ese propósito, desde mi punto de vista, sino todo lo contrario. Lo que va a traer son más problemas. En primer lugar, va a traer un problema de arbitrariedad en la imposición de la ley. Por ejemplo, nada nos asegura que el día de mañana, ante un gobierno extremadamente débil y deslegitimado y un Congreso igual, esta ley no se use para reprimir la protesta ciudadana"; manifestó.
"Esta es una respuesta que en realidad quisiéramos que tuviera ese propósito, pero no cumple; es decir, la magia no funciona para resolver los problemas del país, y esa es una norma de efecto mágico, de efecto metafísico. Creemos que al promulgar una norma de esta naturaleza vamos a conseguir inmediatamente un cambio en la realidad. Y eso no es así, no va a ser así, no va a ocurrir así", agregó.
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"Este tipo de normas adolecen de tipicidad"
En otro momento, Maldonado indicó que la propuesta de Ley de terrorismo urbano ha servido anteriormente para pretender dar legitimidad a procesos como los llevados por los jueces sin rostro.
"En general, ese tipo de normas adolecen de un problema en la construcción de lo que se conoce como la tipicidad. Son normas generalmente amplias, ambiguas, que dan cabida para todo. Y el hecho cierto es que, en efecto, así ocurrió en la época de Fujimori: hubo culpables del delito de terrorismo, pero otras miles de personas fueron también sometidas a procesos de jueces sin rostro, procesos militares y fueron condenadas injustamente", precisó.
"No está sustentada en ningún diagnóstico. La norma refleja una preocupación legítima y correcta y objetiva de la ciudadanía frente a lo que estamos viviendo. Negar eso sería totalmente absurdo. Pero no tiene un diagnóstico técnico", finalizó.
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