El viceministro Ernesto Lechuga, informó que las denuncias por casos esterilizaciones forzadas se dieron hasta el 2001, primer año del gobierno de Alejandro Toledo.
El viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la justicia Ernesto Lechuga, afirmó que no existe ninguna intencionalidad política tras el decreto supremo que declara de interés nacional la atención a las víctimas de las esterilizaciones forzadas realizadas durante el gobierno de Alberto Fujimori.
"Tratar de circunscribir esta actividad con una intencionalidad política me parece un error, este es un trabajo de acceso a la justicia, existen enormes bolsones de población que manifiestan haber sido víctimas de esterilizaciones forzadas y es necesario investigar y determinar si ha habido alguna responsabilidad al respecto", dijo a RPP Noticias.
Indicó que se trata de un "tema complejo" que requerirá de todas las pericias necesarias para determinar el número real de personas que fueron sometidas a estas intervenciones médicas sin su consentimiento
Más de 200 mil casos estimados, pero solo 2091 denunciados
Recordó que el historial de denuncias incluye casos desde 1995 hasta el 2001, es decir hasta el primer año del Gobierno de Alejandro Toledo. También, indicó, que según investigaciones de diversas instituciones dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos, el número de afectados se estima en 200 mil.
No obstante, aclaró, que actualmente solo existen 2091 denuncias por esterilizaciones ante el Ministerio público, y que por ello uno de los objetivos del decreto promulgado el viernes es crear un registro completo de las víctimas.
Informó, que según estudios de la Defensoría del Pueblo, entre las víctimas también se han reportado casos de varones sometidos a estas intervenciones quirúrgicas. Además, precisó, que las regiones con mayor incidencia de estos casos son Piura, Huancavelica, Cusco y Apurímac.
Como se ha informado, el Gobierno publicó en la víspera un decreto supremo que dispone la atención integral en salud y la asistencia jurídica para las víctimas del denominado programa Anticoncepción Voluntaria Quirúrgica (AQV), implementado en 1995-2002, disponiendo a su vez la creación de un registro de víctimas.
Fujimorismo insiste en que fueron prácticas aisladas de médicos
Al respecto, representantes del fujimorismo, han dicho en reiteradas ocasiones que las esterilizaciones forzadas no formaron parte de una política de Estado, sino que se trataron de excesos cometidos por algunos médicos.
Precisamente, Keiko Fujimori, dijo a inicios de octubre pasado, que los médicos, de manera individual, fueron responsables de estas prácticas. Esta postura fue reiterada en la víspera por el congresista de la bancada de Fuerza Popular, Héctor Becerril.
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