El mandatario Pedro Castillo se refirió al rechazo en el Congreso para que viaje a la toma de mando de Gustavo Petro en Colombia. Según dijo le cierran las puertas, porque supuestamente no volvería; sin embargo, descartó dicha versión y dijo que no tiene pensado salir del territorio para no volver.
El presidente de la República, Pedro Castillo, señaló este sábado que no intentará salir del país así sea juzgado, esto en el marco de las investigaciones que se le sigue por presuntos actos de corrupción durante su gestión.
En declaraciones desde Palacio de Gobierno, donde se reunió con líderes de pueblos originarios, el mandatario se refirió al rechazo del Parlamento a su pedido para asistir a la toma de mando de Gustavo Petro en Colombia hace más de una semana. Cuestionó esta decisión, pues aseguró que él no piensa dejar el país para no volver.
“Te cierran las puertas dizque que ya no vas a volver a tu tierra (…) Quienes hablan de fuga son los que tienen experiencia, entonces no pueden montar otra cosa y si algo, a propósito de esta clase política que no quiere que un campesino esté a nombre del país, uno tiene que ser juzgado, yo jamás tengo pensado salir de este país”, señaló.
Investigaciones al mandatario
Castillo hizo referencia así a su situación en Fiscalía donde le siguen hasta seis investigaciones por presuntos ilícitos. Dichas causas incluyen un presunto tráfico de influencias en la compra de combustible por la empresa estatal Petroperú en 2021 y la supuesta obstrucción a la justicia en la destitución del ministro del Interior, Mariano González.
Además, es investigado por un presunto tráfico de influencias en un expediente de ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Por supuesta corrupción y colusión agravada en un proyecto de obra pública y el plagio en su tesis universitaria en la cual también está involucrada su esposa Lilia Paredes.
La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, abrió investigación preliminar al presidente Pedro Castillo y el ministro Geiner Alvarado por presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal. Se trata de los hechos suscitados por las obras adjudicadas en las provincias de Chota-Cajamarca y Cajatambo-Lima.
El Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder advirtió la existencia de una organización criminal dedicada a la comisión de diferentes delitos, como el de colusión agravada en los departamentos de Lima y Cajamarca.
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