De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, el excongresista Alberto Beingolea habría cobrado 90 mil soles por un servicio de asesoría legal al Gobierno Regional del Callao que "nunca prestó".
El excongresista Alberto Beingolea se pronunció luego de que la Fiscalía de la Nación solicitara 10 años de prisión en su contra tras encontrar “indicios de la comisión del delito de colusión agravada”. Ante ello, el también excandidato presidencial del Partido Popular Cristiano (PPC) precisó que sí estaba facultado y sí prestó los servicios de asesoría legal al Gobierno Regional del Callao.
"Los funcionarios públicos y quienes hemos servido al Estado tenemos que estar llanos a todo tipo de investigación, pero que esta sea medianamente correcta. Después de más de tres años de investigación se ha determinado que hay un pedacito que tengo que explicar más y seguiré explicando lo que haga falta porque no tengo nada que ocultar: el trabajo se realizó, tenía los requisitos para realizar el trabajo y no tendría por qué estar siendo acusado", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.
"Una persona me hace una denuncia una semana antes de unas elecciones para el Congreso de la República y mi reacción es la que siempre sería: investíguenme. Si hay una denuncia, que Fiscalía investigue. Está bien. Somos funcionarios públicos sometidos a esta investigación. Se abre, explico todo, me quedo tranquilo, no supe más del tema, pasó la pandemia y después me enteré que venía esta investigación cada vez más cargada. Después de tres años, concluye Fiscalía diciendo que de todo este lapso de tiempo no pasa nada, pero este contrato inicial que duró 70 días, de menor cuantía, aquí sí hay colusión", explicó.
"¿Diez años por no hacer una conferencia?"
En otro punto, Beingolea indicó que tiene debidamente documentada su labor como asesor en el Gobierno Regional del Callao y aseguró que lo único que no cumplió fue dar una conferencia que se postergó hasta en tres oportunidades por motivos externos.
"Colusión es un delito según el cual tú te pones de acuerdo con algún funcionario público para engañar al Estado, para perjudicarlo. Entonces yo digo: el contrato es uno solo, con dos modalidades distintas, pero no hubo ningún cambio entre uno y otro. No entiendo por qué este sí y este no. Segundo, ¿cuál fue el perjuicio al Estado? El trabajo se realizó. Hay testimonios y entregables presentados en su oportunidad con sello y demás. (Hay) testimonios de múltiples personajes que trabajaron a mi costado y documentos escritos".
"Parte de la acusación dice que no realicé una conferencia. Pero en el primer informe que presento hago una evaluación y digo que debería capacitarse a los consejeros regionales y congresistas. En el segundo informe digo que, ya que no se ha hecho nada, yo me ofrezco sin cobrar un sol, como parte adicional, a hacer yo la capacitación. En el tercer informe, cuando el contrato terminaba, digo que, después de dos oportunidades en donde no se pudo realizar la conferencia, me han informado que se haría el 29 de marzo. La conferencia finalmente no se hace porque el asesor técnico de los consejeros me dice ese día que estaban muy ocupados y ahí quedó el asunto. Si no se realizó, no fue por mi culpa. Por último, si fuese por eso, ¿diez años por no hacer una conferencia?", finalizó.
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