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Aldo Vásquez, miembro de la JNJ, alertó que el dictamen que modifica el Código Procesal Constitucional "hace ineficiente el recurso de amparo", y que funcionarios con altos cargos públicos "podría ver vulnerados sus derechos ante una decisión arbitraria del Congreso".
Judiciales
Aldo Vásquez advirtió riesgos para el sistema de justicia en el dictamen de la Comisión de Constitución aprobado, el último miércoles, por el pleno.
El último miércoles, el pleno del Congreso aprobó, en primera votación, el dictamen de la Comisión de Constitución que modifica más de diez artículos del Nuevo Código Procesal Constitucional, con lo que se reduciría de cinco a cuatro los votos necesarios para que el Tribunal Constitucional (TC) resuelva demandas competenciales y procesos cautelares.
Al respecto, Aldo Vásquez, miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en diálogo con RPP, advirtió que la reforma más trascendental no sería solo aquella referida al TC, sino que también se limitarían acciones de los jueces como el dictar medidas cautelares.
"En realidad, se trata de un paquete de modificaciones en relación al Código Procesal Constitucional. Hay que decir que el proyecto inicial era absolutamente nefasto porque obligaba a los jueces a rechazar cualquier demanda de amparo que pudiese presentarse contra el Congreso de la República respecto de eventuales vulneraciones de derechos fundamentales. Sin embargo, creo que con buen criterio, hay que reconocerlo, el proyecto sustitutorio ha modificado esa pretensión, sin embargo, sigue siendo grave", aseveró.
"Con el último texto sustitutorio que ha sido aprobado el miércoles, se limita enormemente cualquier posibilidad de que un alto cargo público, un juez de la Corte Suprema, un fiscal supremo, el presidente del Banco Central de Reserva, el Contralor General de la República, los propios miembros del Tribunal Constitucional, si es que fuesen alguna vez objeto de una inhabilitación, de una remoción como se ha intentado en nuestro caso, si acuden a los jueces sí sería admitida su demanda, pero se requeriría ahora una votación calificada de unanimidad para tener éxito, cosa que no ocurre actualmente. No podrían los jueces dictar medidas cautelares, lo cual hace ineficiente el recurso de amparo, porque el recurso de amparo es un recurso de urgencia para la restitución de un derecho", explicó.
En ese sentido, Vásquez resaltó que los jueces, al no poder dictar medidas cautelares, limitarían este recurso "a un mero formalismo".
Asimismo, aseveró que "cualquier alto cargo público podría verse vulnerado en sus derechos ante una decisión arbitraria del Congreso de la República, y no podrían ser restituidos en años", incluso "teniendo sentencia a favor, (esta) no se puede ejecutar inmediatamente sino hasta que se resuelva la apelación".
Dictamen "genera desequilibrio" de poderes a favor del Congreso
Vásquez Ríos indicó también que este dictamen "genera un desequilibrio" de poderes a favor del Congreso, ya que "cada uno de los altos cargos públicos de los diferentes poderes del Estado o de los organismos constitucionales autónomos sabrá, en adelante, que pende sobre ellos una espada de Damocles que puede ser activada en cualquier momento" por el Parlamento, tales como "la inhabilitación, la remoción sin que tengan un recurso efectivo para poder revertirlo ante el árbitro natural que es el Poder Judicial".
Además, el magistrado de la JNJ remarcó que "rebajar de 5 a 4" los votos en el TC sí se aplican al proceso competencial que actualmente tiene pendiente el intérprete supremo de la Constitución referido a la destitución de Vásquez y la magistrada Inés Tello por parte del Parlamento.
"Este tema de la reducción de los votos es mucho más grave aún porque el Congreso de la República es parte en el proceso, entonces imagínese que una de las partes pueda alterar las reglas de juego en los minutos finales del partido, está interfiriendo en un proceso en el cual es parte para beneficiarse", apuntó.
"Yo confío, sin embargo, en la madurez de del Tribunal Constitucional, creo que cada quien estará a la altura de sus responsabilidades, no solamente funcionales o jurídicas, sino incluso históricas, porque lo que se juega aquí no es fundamentalmente la situación de dos miembros de la Junta Nacional de Justicia, sino la respetabilidad de la institucionalidad del país", puntualizó.
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Luis Felipe Rodriguez Jimenez Redactor web / Periodista
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