El exsuboficial insistió en su pedido ante el Poder Judicial. Gómez enfrenta un proceso penal por la desaparición de Natividad Ávila Rivera y Benigno Sullca Castro.
Amílcar Gómez Amasifuén, exsuboficial del Ejército Peruano, vinculado con el expresidente Ollanta Humala, insistió en su pedido ante el Poder Judicial para afrontar en libertad la investigación preparatoria que se le sigue por la desaparición de Natividad Ávila Rivera y Benigno Sullca Castro, tras haber sido conducidos a la base militar de Madre Mía en la Región San Martin en junio de 1992.
A través de su defensa legal, Gómez Amasifuén apeló la resolución emitida por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, el último 21 de enero, en la que declaró infundado la solicitud que hizo para que se ordene el cese del mandato de prisión preventiva que se le impuso dentro de este proceso penal que se le sigue por los presuntos delitos de desaparición forzada y otros a raíz de este caso.
La defensa legal de Amílcar Gómez sostiene que dicha instancia judicial incurre en una errada valoración del peligro procesal al no pronunciarse expresamente sobre los documentos que han presentado, por lo que demanda que la resolución apelada sea revocada y se declare fundada la solicitud de cese de prisión preventiva de su patrocinado y recupere su libertad.
Ante ello, el juez Víctor Zúñiga Urday resolvió el último 21 de marzo "conceder" este recurso de apelación y remitirlo a la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional, instancia que, si lo admite a trámite, deberá convocar a una audiencia virtual para evaluarlo con la participación de las partes involucradas a fin de emitir una decisión final al respecto en los próximos días.
Detalles sobre el proceso penal
Amílcar Gómez y otros militares se encuentran en prisión tras haber sido detenidos durante un operativo que se realizó el cuatro de diciembre del 2023 en varias ciudades del país.
En el caso Madre Mía, la Fiscalía investiga los presuntos casos de torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que ocurrieron en la base militar del mismo nombre durante el periodo en que Ollanta Humala estaba al mando en los años 90.
No obstante, la Corte Suprema determinó el sobreseimiento o archivo del proceso penal que afrontó Ollanta Humala por este caso al determinar que no había mérito para que sea sometido a un juicio oral por estos hechos.
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