Análisis | La filtración de redes organizadas de corrupción en la política y el sector público

Uno de los principales problemas que hay en el país es la corrupción extendida en diversos niveles del sector público y en otras instituciones. Desde julio pasado, una serie de audios con conversaciones han revelado casos de tráfico de influencias y, como era de esperarse, esto se ha visto reflejado en medidas como órdenes de prisión, allanamientos y embargos a algunas autoridades, políticos y empresarios.

¿Estamos en el camino adecuado en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado que lleva el Ministerio Público y el Poder Judicial? Al respecto, cuatro expertos en la materia realizaron un intercambio de ideas en Enfoque de los sábados.

La abogada Katherine Ampuero, especialista en derecho penal y exprocuradora para el caso Odebrecht, señaló que la implicación de los principales líderes políticos en hechos de lavado de activos y crimen organizado evidencia una situación "muy difícil por la que está atravesando el país". No obstante, consideró que esta coyuntura permite que las autoridades tomen acciones, como las que realiza el equipo especial del caso Lava Jato.

"El hecho de haber retomado las conversaciones con la empresa Odebrecht está permitiendo que venga información importante que ellos están recabando, disponiendo la realización de actos de investigación que están dando resultados, uno de estos lo hemos visto en el transcurso de esta semana (caso Fuerza Popular)", destacó.

La exprocuradora advirtió que la modalidad expuesta en la investigación de los aportes a Fuerza Popular también se replica en otros partidos políticos, como en la campaña del 'No a la revocatoria' de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán. Ampuero explicó que en ambos casos se utilizó la misma modalidad: aportantes falsos.

"Desde la época de corrupción de los 90 lo que ha hecho el crimen organizado, los delincuentes, es perfeccionarse en el tiempo. Ahora vemos una delincuencia no solo a nivel nacional sino internacional que involucra a grandes empresas. Existen grandes empresarios, grandes intereses económicos que también han contribuido a crear toda esta organización de crimen organizado que ha rebasado fronteras", señaló.

En tanto, la abogada penalista Flor de María Deur Mora, decana del Colegio de Abogados del Callao y representante de la sociedad civil ante el consejo ejecutivo del Poder Judicial, recordó que la gran corrupción en el sistema judicial y político en el primer puerto quedó al descubierto con los casos del presidente regional del Callao, Félix Moreno, y del expresidente de la Corte del Callao, Walter Ríos Montalvo.

"Gracias a esas conversaciones telefónicas que hizo el Ministerio Público se ha podido determinar la gran corrupción que ha habido en nuestro sistema judicial, así como en el sistema político. Nosotros ahora lo que tenemos que hacer es tratar de trabajar, emitir las resoluciones pertinentes para poder de algún modo lograr que la corrupción no avance porque es algo que ya está enraizado en nuestro país", opinó.

Para la especialista, el problema involucra a varios sectores, desde la Policía, que puede iniciar con una indagación deficiente, hasta un juez que busca beneficiar a una persona por su grado de amistad o afinidad. En ese sentido, consideró necesario hacer una reforma profunda, no solo en el Poder Judicial, sino también en el Ministerio Público y todas las entidades que estén relacionados con el sistema de justicia.

"Lo que nosotros tenemos que hacer es levantar el polvo, sacudir la alfombra para ver qué tenemos y cómo comenzamos a trabajar, porque actos de corrupción existen en todo el país y yo creo que el caso Odebrecht ha sido el detonante para que todo vaya saliendo a la luz", señaló.

En tanto, el exprocurador Iván Meini, profesor de derecho penal y jefe de departamento académico de derecho en la PUCP, sostuvo que "el crimen organizado es un negocio, nadie es criminal por hobby". Según su teoría, para obtener algún beneficio económico necesita vincularse con la política "por una cuestión de necesidad".

"Cuando un Estado o un sistema jurídico no tiene las reglas claras de cómo frenar esa relación con la criminalidad organizada en la política, sucede lo que ha ocurrido en el Perú y en los países vecinos", dijo.

Asimismo, señaló que, pese a que las leyes forman una pequeña parte de la solución a este problema, es necesario que el país cuente con algunas normas urgentes como sanciones a los partidos políticos y a sus dirigentes por financiamiento ilegal. Sin embargo, lamentó que no exista buena voluntad del Congreso para esto.

"Cuando la decisión de implementar esos delitos depende de quienes podrían verse directamente afectados, es evidente que eso no se va a dar. Tenemos que encontrar mecanismos de presión ciudadana, de contrapoderes, para que las decisiones políticas que se tienen que tomar, y las investigaciones que se tienen que llevar a cabo, no sean petardeadas por el fiscal de la Nación o algunos sectores del Parlamento", señaló.

Finalmente, el sociólogo Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, alertó que las encuestas nacionales sobre corrupción que realiza esta institución muestran las muy bajas expectativas que tiene la población frente a que este problema pueda reducirse en los próximos años. Otro dato desolador es la baja cifra de pocas que denuncian estos casos porque consideran que quedará impune o que podrían ganarse algún problema.

"La corrupción que se descubre es la corrupción que fracasó", señaló Rotta tras advertir que existe una alta tolerancia a la pequeña corrupción. El especialista propuso que para combatir este problema se debe apuntar a fortalecer el trabajo preventivo.

Rotta también recordó que el Perú es un país "pionero" en ciertas leyes anticorrupción, como la ley de transparencia. Sin embargo, en su opinión, esto no fue acompañado con la implementación de reglas. En ese sentido, mencionó que a la par de las reformas normativas que se vienen aprobando, se deben evaluar medidas para su correcta aplicación.