Desde la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público señalan al fiscal Pérez Gómez por presuntos errores en la acusación por el caso ‘Cócteles’ que tiene como involucrada a Keiko Fujimori.
La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público inició un procedimiento disciplinario contra el fiscal José Domingo Pérez Gómez.
De acuerdo con la resolución de esta entidad autónoma del Ministerio Público, el procedimiento disciplinario contra el fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato tendrá un plazo de 60 días hábiles.
Como parte de este procedimiento se solicitará un informe de descargo del fiscal Pérez Gómez respecto de los hechos cuestionados, que deberá ser entregado en un plazo de 5 días hábiles luego de que sea notificado.
La ANC señala a Pérez Gómez por presuntamente haber cometido errores en la acusación por este caso, la cual fue dejada sin efecto por el Tribunal Constitucional, desde donde señalaron que la imputación carece de sustento jurídico.
Sobre labor del fiscal
Entre sus antecedentes, el informe concluye que el fiscal José Domingo Pérez Gómez “incumplió su deber funcional de perseguir el delito con razonabilidad”, ello a raíz del fallo del Tribunal Constitucional que anuló el proceso contra José Chlimper en el caso 'Cócteles'.
“El hecho de que el fiscal haya requerido diecinueve subsanaciones de la acusación por errores de forma y fondo, evidencia que la acusación no fue razonable ni coherente, lo que pone en duda la legalidad de todo el proceso y afecta el derecho de defensa de los imputados. La razonabilidad debe estar basada en hechos verificados y en una justificación normativa sólida, lo cual no ocurrió en este caso”, indicaron.
Asimismo, desde la ANC manifiestan que el fiscal Pérez Gómez generó consecuencias que han perjudicado el desarrollo del proceso por el caso ‘Cócteles’ y puesto en evidencia un incumplimiento grave a sus deberes.
“No solo han perjudicado el desarrollo del proceso, sino que ha puesto en evidencia un incumplimiento grave de sus deberes funcionales y una gestión negligente de los actos procesales, lo que compromete la integridad de todo el procedimiento, así como desprestigio al Ministerio Público”, indicaron.