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por Julio Cisneros
·Susana Villarán es investigada por el Ministerio Público por los presuntos delitos de colusión agravada y otros en agravio del Estado.
La suerte de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, quedó en poder del juez Jorge Chávez Tamariz, quien evaluará el lunes 23 de junio si ordena o no que afronte "sin ninguna restricción" la investigación preparatoria que se le sigue a raíz del caso del proyecto vial Línea Amarilla.
En una audiencia virtual a realizarse desde las 9:30 a. m. el magistrado analizará si procede declarar la caducidad del mandato de comparecencia con restricciones que impuso a la exburgomaestre capitalina dentro de esta investigación preparatoria que se sigue en el Ministerio Público por los presuntos delitos de colusión agravada y otros en agravio del Estado.
El magistrado también evaluará ese día si procede a declarar la caducidad del mandato de comparecencia con restricciones impuesta a los exfuncionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima, José Miguel Castro, Domingo Arzubialde, Augusto Rey Hernández y otras cuatro personas que están comprendidas en este proceso penal.
Chávez Tamariz programó está audiencia en atención a Ley 32130, que fue aprobada el 10 de octubre del 2024 por el Congreso de la República, en la que se establece un plazo al mandato de comparecencia con restricciones en vista de que no estaba contemplado dentro del numeral 2 del artículo 287 del Código Procesal Penal en el cual está medida restrictiva tenía una duración incierta e indeterminada.
Tesis fiscal
Según la hipótesis del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato, Susana Villarán habría concertado con directivos de las empresas O.A.S Sucursal Perú y Lamsac a fin de favorecerlos con la suscripción de la Adenda Uno en el contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla en 2012, lo que permitió el reajuste de las tarifas del peaje de las vías administradas por Lamsac en 2013 a cambio de apoyo económico para su campaña de reelección en el sillón municipal en 2014.
La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, afronta otro proceso penal por presuntos aportes ilegales de más de 10 millones de dólares de las empresas brasileras Odebrecht y OAS para financiar tanto su campaña por el "NO" a su revocatoria en 2013 como para su reelección en sillón municipal en 2014, por el cual el Ministerio Público pidió que se le imponga 29 años de prisión al acusarla por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, colusión y otros en agravio del Estado peruano.
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Julio Cisneros Periodista
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