La Fiscalía de la Nación investiga a la congresista María Agüero por presuntamente haber abusado de su cargo para inducir y/o obligar a los trabajadores de su despacho que entreguen diversas sumas de dinero provenientes de sus salarios y haber incrementado injustificadamente su patrimonio.
El Poder Judicial rechazó el pedido de la congresista de Perú Libre, María Agüero, para que se anule todo lo actuado durante el allanamiento a su vivienda y a su oficina que ejecutó la Fiscalía y la Policía Nacional, el 5 de noviembre del 2024, como parte de la investigación preliminar que se le sigue por los presuntos delitos de concusión y enriquecimiento ilícito en agravio del Estado.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró “infundado” el recurso de apelación que presentó la legisladora para que se anule o se revoque la resolución que emitió el juez supremo Juan Carlos Checkley, el 30 de octubre del 2024, en la que autorizó el descerraje, allanamiento, registro domiciliario y vehicular con fines de incautación de bienes y levantamiento del secreto de las comunicaciones de teléfonos y otros equipos de cómputo que se encuentren vinculados al caso.
La defensa legal de la legisladora alegó una vulneración del debido proceso, principio de igualdad de armas, legalidad procesal y proporcionalidad, al sostener que esta resolución tiene una motivación deficiente e insuficiente porque autorizó las mencionadas medidas restrictivas sin asegurar la asignación de defensores públicos para su ejecución tal y como establece el Código Procesal Penal, en su reciente modificación, realizada por la ley 32130.
No obstante, el tribunal presidido por el juez supremo César San Martín determinó que las medidas ordenadas judicialmente en este caso están relacionadas con la investigación de hechos punibles concretos, con una base objetiva ya aludida, y permiten obtener lo que se quiere conseguir con ellas (bienes delictivos, objeto material del delito y piezas de convicción).
La sala suprema también precisó que en la resolución judicial autoritativa se exhortó al Ministerio Público al respeto de las leyes, lo que por cierto implicaba que en su ejecución se cumpla con la presencia de un defensor público.
“Que, siendo así, la resolución recurrida está arreglada a derecho. Debe desestimarse el recurso defensivo”, concluyó el colegiado supremo en su resolución a la que tuvo acceso RPP.
La Fiscalía de la Nación investiga a la congresista María Agüero por presuntamente haber abusado de su cargo para inducir y/o obligar a los trabajadores de su despacho congresal que entreguen diversas sumas de dinero provenientes de sus salarios y haber incrementado injustificadamente su patrimonio con ingresos ilícitos percibidos durante el periodo comprendido entre junio del 2022 y mayo del 2023, no descartándose que estos hechos los haya efectuado desde que inició su actividad parlamentaria, es decir, desde julio del 2021 hasta la fecha.
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