Esquema busca asegurar que la empresa siga operando en el país. | Fuente: Foto: Andina

La Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato informó que, a la fecha, el Estado peruano ha cobrado S/. 712 millones -entre reparaciones civiles e impuestos- como parte de las obligaciones de pago de la empresa Odebrecht.

El cobro se hizo de esta manera:

  • ● S/. 65 millones por la reparación civil de la carretera Chacas - San Luis
  • ● S/. 80 millones - 1° cuota de S/. 610 millones por reparación civil del Acuerdo corporativo
    (4 proyectos: Interoceánica Sur, Línea 1 del Metro Lima, Vía Costa Verde Callao y Vía de Evitamiento Cusco)
  • ● S/. 567 millones en impuestos a SUNAT (al 26/11/19)

Asimismo, informaron que el monto que se liberó del fideicomiso de la Ley 30737 (para garantizar el pago de deudas a favor del Estado) como saldo de la venta de la hidroeléctrica Chaglla es de US$ 132 millones (S/. 440 millones aproximadamente). La Procuraduría explicó que el saldo de la venta de Chaglla se liberó debido al beneficio otorgado por la Fiscalía de eximir a la empresa de la Ley 30737 en mérito a su colaboración relevante con información y pruebas.

Con esto, el Nuevo Fideicomiso de Garantía -previsto en el acuerdo de colaboración eficaz- para asegurar el resto de las cuotas de la reparación civil del acuerdo con Odebrecht se iniciará con S/. 30 millones, el cual garantizará la segunda cuota y parte de la tercera.

Tal como establece el Acuerdo, se creará un nuevo Fideicomiso de Garantía para asegurar el resto de cuotas de la reparación civil: a Odebrecht se le retendrá un porcentaje de sus ingresos por contratos públicos y privados, venta de activos y dividendos. Con esto, el nuevo fideicomiso iniciará con S/. 30 millones para asegurar la segunda cuota y parte de la tercera.

La Procuraduría ad hoc también aclaró que la Central Hidroeléctrica Chaglla se vendió en US$ 638 millones -no en US$ 1,400 millones- y que de este monto la mitad se usó para pagar las acciones del proyecto prendadas con bancos extranjeros y acreedores para que se pueda autorizar su venta.

Tras esta operación, al Fideicomiso de la Ley 30737 ingresó la otra mitad: US$ 319 millones (S/. 1,050 millones aproximadamente). Este dinero se sumó a otras retenciones menores que se le hizo a las empresas del grupo Odebrecht en el marco de dicha ley y del Decreto de Urgencia 003-2017.

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