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por Julio Cisneros
·El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, es investigado en el Ministerio Público por el presunto delito de cohecho activo genérico a raíz de la entrega de relojes marca Rolex y joyas de gran valor a la mandataria Dina Boluarte.
El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, continuará siendo investigado en una Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios a raíz del caso Rolex.
Esto debido a que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró "infundado" el recurso de apelación de Oscorima Núñez para revocar la resolución que emitió el juez supremo Juan Carlos Checkley, el 8 de julio del 2024, en la que declaró "improcedente" una solicitud de tutela de derechos que presentó para anular la disposición emitida por la Fiscalía de la Nación, el 17 de mayo del 2024, en la que ordenó desacumular los hechos atribuidos a dicha autoridad regional en la investigación que se le seguía junto con la presidenta Dina Boluarte por este caso y remitir este extremo a la Fiscalía Superior Coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios para que proceda a su distribución al despacho fiscal llamado por ley.
La defensa legal de Wilfredo Oscorima demandaba que se revoque la decisión impugnada y se declare fundada su solicitud de tutela de derechos al sostener que la resolución apelada presenta defectos de motivación y se inobservó el derecho a la legalidad procesal penal y al plazo razonable, ya que el argumento de la Fiscalía de la Nación solamente está dirigido a fiscales distintos al fiscal de la Nación para procesos comunes, por lo que con esta decisión es factible dejar en indefensión a la mandataria ya que se atenta contra el principio de unidad de la investigación.
Los argumentos de la Corte Suprema
No obstante, el tribunal supremo confirmó lo decisión del magistrado Checkley Soria al determinar que la desacumulacion de los cargos por los delitos de cohecho tiene fundamento jurídico, sólido, al haberse reunido el material investigativo suficiente para proceder al siguiente paso, sin que resulte indispensable mantener la continencia de la causa.
"Separar las imputaciones no afecta la investigación por los otros dos delitos imputados a la presidenta de la República (enriquecimiento Ilícito y omisión de consignar declaraciones en documento), pues tiene especificidad propia y requieren de actos de investigación adicionales que no interfieren con la investigación de los delitos de cohecho", se establece en la resolución emitida por dicho colegiado suprema a la que tuvo acceso RPP.
La sala presidida por el juez supremo César San Martin también precisa que "si un fiscal provincial en el curso de una investigación puede derivar la causa contra un aforado al fiscal de la Nación, con mayor razón lo puede hacer el fiscal de la Nación al fiscal provincial cuando investiga preliminarmente unos hechos punibles en los que está implicado un Alto funcionario Público y otros funcionarios públicos no aforados; además, el fiscal de la Nación no está expresamente impedido de hacerlo".
"Que, en tal virtud, no se trasgredió la legalidad procesal penal y con ella el derecho del imputado a no ser sometido a un procedimiento distinto del previamente establecido, en los términos del artículo 139, numeral 2, segundo párrafo, de la Constitución, que integra la garantía o derecho fundamental del debido proceso, que puede reclamarse a través del remedio procesal de tutela previsto en el artículo 71, apartado 4, del Código Procesal Penal (CPP). El recurso de apelación no puede prosperar", concluye el tribunal supremo.
El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, es investigado en el Ministerio Público por el presunto delito de cohecho activo genérico a raíz de la entrega de relojes marca Rolex y joyas de gran valor a la mandataria Dina Boluarte, hecho que coincidió con un incremento del presupuesto asignado a la región de Ayacucho desde que la jefa del Estado llegó al poder.
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Julio Cisneros Periodista
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