El exgerente municipal José Miguel Castro es investigado por los aportes ilegales de OAS y Odebrecht a la campaña por el 'No' a la revocatoria de la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y su reelección.
El juez Jorge Chávez, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción, dictó prisión preventiva por 18 meses para el exgerente municipal José Miguel Castro por los aportes ilegales de OAS y Odebrecht a la campaña por el No a la revocatoria de la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán (2013), y su reelección (2014).
En la audiencia judicial, la fiscal Ángela Zuloaga dijo que el exgerente municipal amenazaba a la empresa OAS para conseguir el dinero. "Influía miedo para sus requerimientos", manifestó.
El representante del Ministerio Público señaló también que dicha empresa brasileña entregó 3 millones de dólares para la campaña contra la revocatoria y 4 millones para su reelección, a cambio de ser favorecida en la concesión del proyecto Línea Amarilla.
En este caso también están implicados Gabriel Prado, exgerente de Seguridad Ciudadana; Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde, César Simón Meiggs Rojas y Óscar Ricardo Vidaurreta Yzaga. La Fiscalía ha solicitado para todos ellos 36 meses de prisión preventiva.
A todas estas personas se les acusa de integrar una red criminal que buscaba mantener en el poder a Susana Villarán, quien habría liderado la organización, para lo cual solicitaron aportes a las compañías brasileñas, quienes posteriormente serían beneficiadas en concesiones municipales.
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