Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva para Susana Villarán

El juez Jorge Chávez Tamariz dictó 18 meses de prisión preventiva contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán. El magistrado aceptó el pedido hecho por el fiscal Carlos Puma en el marco de la investigación que se le sigue por los aportes de las constructoras brasileras Odebrecht y OAS a sus campañas por el 'No a la revocatoria' (2013) y su reelección (2014).

El plazo solicitado por el fiscal Carlos Puma fue de 36 meses; sin embargo, para el juez "existe un gran avance en la investigación" y las diligencias e información pendiente -según su criterio- se pueden conseguir dentro de "un plazo razonable".

"Es posible que pueda imponerse una medida en un espacio menor teniendo en cuenta, sobre todo, el avance de las investigaciones y en el caso que requiera más tiempo existen otras instituciones jurídicas dentro del Código Procesal Penal", señaló antes de leer su resolución.

Durante la audiencia la fiscal Ángela Zuloaga Bayes expuso las nuevas pruebas que maneja el Ministerio Público para justificar el cambio de la comparecencia restringida que tenía hasta la fecha la exalcaldesa por la prisión preventiva. Por su parte, Iván Paredes, abogado de Villarán, evitó refutar estos argumentos y únicamente se limitó a persuadir ante el juez que su patrocinada venía cumpliendo con todas las restricciones impuestas previamente.

Esta situación generó que el juez Jorge Chávez Tamariz, tras escuchar a todas las partes, informara que tenía los elementos suficientes para tomar una decisión, la cual estaba prevista inicialmente para este jueves. Tras esto, el magistrado suspendió la sesión por tres horas.

"Considero que me encuentro en un espacio suficiente como para efectuar un análisis y el pronunciamiento decisivo lo tome a las 3 de la tarde. A esa hora todos presentes para emitir el pronunciamiento", señaló al término de la audiencia.

La posición fiscal

En la audiencia, la fiscal Ángela Zuloaga Bayes señaló que el dinero (seis millones de dólares) recolectado de las empresas Odebrecht y OAS para la campaña contra la revocatoria "se intentó maquillar con la presentación de presuntos donantes". Asimismo, dijo que este dinero entregado por las constructoras "no fue a título gratuito, sino fue en razón de dos obras".

La fiscal explicó que, según la versión del colaborador eficaz 105-2019, el exgerente municipal José Miguel Castro le informó a Valfredo de Assis Ribeiro, exdirectivo de OAS -quien previamente se había reunido con Villarán- que la campaña contra la revocatoria costaría 8 millones de dólares que serían repartidos entre las empresas privadas con concesiones en la Municipalidad de Lima.

"Cuando se estaba pidiendo dinero para la campaña por la no revocatoria se suscribió la adenda n°1 del proyecto Línea Amarilla que cambió a Vía Parque Rímac, el 13 de febrero del 2013. Mediante esta adenda se acordó ampliar el plazo de concesión de la empresa de 30 a 40 años (...) Esto indica una vinculación directa entre la entrega de dinero y los intereses de las empresas brasileras", expresó.

Al referirse a la obstaculización de la justicia que habría ejercido Villarán, la fiscal sostuvo que sus recientes declaraciones en medios de comunicación revelan que la exalcaldesa conocía de todos estos detalles y, por lo tanto, "tenía un pacto de impunidad con José Miguel Castro" para retrasar la acción de la justicia.

Finalmente, la fiscal explicó que Villarán habría cometido los delitos de asociación ilícita (la pena oscila entre los 8 y 15 años), cohecho pasivo propio (6 a 8 años) y lavado de activos (8 a 15 años). En este caso en particular, señaló que para el Ministerio Público la pena contra la exalcaldesa "va a ser siempre superior a los cuatro años". Además, advirtió que durante el juicio no tendrían que proceder los factores para reducir su pena debido a que cuando cometió estos hechos que se le imputan "tenía menos de 65 años" y, además, para la Fiscalía "era la líder de su propía organización criminal".