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Este miércoles hemos visto las dos caras de la Justicia. Por un lado, la Sala Penal Nacional acogió la apelación presentada por la defensa de Keiko Fujimori, que pudo reunirse con su familia al término de siete días de detención preliminar. Por otra parte, tuvimos la confirmación de que el destituido juez supremo César Hinostroza huyó de nuestro país, entró clandestinamente a Ecuador y voló a España, donde solicitó sin éxito asilo político.
La resolución que liberó a Keiko Fujimori fue adoptada por unanimidad y formulada de manera concisa y contundente por el presidente de la Sala Nacional Penal, César Sahuanay, quien basó su razonamiento en el deficiente trabajo llevado a cabo por el juez Richard Concepción Carhuancho. Sin entrar al fondo del supuesto financiamiento ilegal de la campaña del 2011, la Sala de Apelaciones consideró que Concepción Carhuancho recurrió a un “copia y pega” de la denuncia fiscal, gracias a lo cual pudo redactar su resolución de 184 páginas en pocas horas.
Sahuanay no negó la necesidad de adoptar una actitud severa cuando hay indicios plausibles de lavado de activos, pero precisó que “el debido proceso” supone que el juez no añada “conocimiento privado” a la denuncia fiscal. Por eso, la Sala Penal decidió que el caso ya no sea visto por Concepción Carhuancho, sino por otro juez aleatoriamente designado. La Fiscalía reservó pero no ejerció su derecho a la apelación, sea porque el viernes vence el plazo de la prisión preliminar, sea porque no tenía argumentos para defender la necesidad de mantener a Keiko Fujimori bajo ese régimen. La Sala no la ha declarado inocente, pero la Fiscalía deberá aportar mejores argumentos para que la justicia acoja su denuncia.
La fuga de Hinostroza
Mientras los jueces trataban de juzgar de acuerdo a derecho y prescindiendo de consideraciones sesgadas o políticas, llegó la confirmación de la fuga de César Hinostroza, hasta hace poco miembro titular de la Corte Suprema. Renegando el apego a la ley que proclamó el 4 de octubre en el Congreso, Hinostroza huyó como un delincuente, entró por vía terrestre a Huaquillas el 7 de octubre y desde ahí continuó un viaje que lo llevó ayer a la capital española.
Por si cabían dudas, su comportamiento puso en evidencia lo que ya había mostrado en su desempeño como juez: un hombre capaz de negociar con violadores de niñas, de mentir descaradamente, de dirigir una organización criminal y de utilizar su poder de juez al servicio de intereses delincuenciales. ¿Cómo un hombre así pudo llegar a la más alta jerarquía de nuestro sistema judicial? ¿Qué relación tenía con lo que fue el origen de la investigación que ayudó a desenmascararlo, el narcotráfico? Esperemos que las reformas en curso, comenzando por la del Consejo Nacional de la Magistratura, contribuyan a dotarnos de instituciones confiables.
Pero también tenemos que preguntarnos cómo pudo salir del país un hombre que desde julio estaba sometido a restricciones a cargo de la Policía Judicial. El presidente Martín Vizcarra ha aceptado la renuncia del ministro del Interior, Mauro Medina. Y el Presidente del Congreso ha solicitado al Consejo Directivo la remoción del Oficial Mayor, por haber tardado en oficializar ante la Fiscalía la destitución de Hinostroza.
Hoy más que nunca necesitamos consensos para defender el funcionamiento de nuestra democracia y la dinamización de nuestra economía. Ni la justicia ni el desarrollo de nuestras fuerzas productivas pueden prosperar si todo queda sometido a una guerra de campos, cada uno de los cuales, en vez de dialogar, quiere desaparecer al otro.
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