La Comisión Permanente archivó las denuncias contra Pedro Chávarry y Héctor Becerril. | Fuente: Congreso

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Una vez más, tenemos que lamentar que las principales instituciones de nuestro país se hallen bajo el signo de la querella, la sospecha y la acusación. Las energías políticas no están dirigidas a concebir y ejecutar reformas que mejoren las condiciones de vida de la población, sino a defenderse de cuestionamientos que tienen un origen único: la corrupción. Eso es lo que se ha vivido en el Congreso, en la Fiscalía y en el Poder Judicial que mantiene en detención preliminar a la lideresa del principal partido de oposición, Keiko Fujimori, acusada de recibir y 'blanquear' dinero de Odebrecht.

El Congreso rechazó primero la admisión de una moción de censura contra la Junta Directiva encabezada por Daniel Salaverry. Los votos de congresistas fujimoristas (61) y algunos aliados bastaron para rechazar la moción que había sido presentada para sancionar la manera como se llevó al Pleno una ley para dar beneficios penitenciarios a condenados de la tercera edad. Después, la Comisión Permanente, con el voto de los fujimoristas y sus aliados, rechazó la acusación constitucional contra el Fiscal Pedro Chávarry.

El titular del Ministerio Público aprovechó para presentarse como una víctima y “un luchador” que había sabido enfrentarse a “intereses oscuros” ligados a sectores de “la prensa, del empresariado y de las ONGs”. Chávarry volvió a afirmar que gracias a él se sabrán cosas que otros pretendieron mantener ocultas e hizo referencia al caso Lava Jato y, en velada referencia al presidente Vizcarra, al caso Chinchero.

Por su parte, la abogada de Keiko Fujimori afirmó que la Justicia "no respeta el debido proceso y mantiene la detención injusta de su patrocinada". El miércoles tendrá lugar la audiencia de apelación y tres días después el Fiscal José Domingo Pérez tendrá que solicitar  la liberación o la prisión preventiva de la lideresa de Fuerza Popular.

Pero el propio Fiscal Pérez es objeto de una convocatoria ante la Comisión de Defensa del Congreso, para explicarse sobre expresiones inapropiadas durante un discurso pronunciado en México. En el Perú de los ochenta, en efecto no hubo guerrillas ni guerra civil, sino grupos terroristas que se levantaron contra nuestra Democracia. Al final del día, se supo que fueron detenidos los principales asesores de Keiko Fujimori, Pier Figari y Ana Herz de Vega, mientras que sus viviendas eran allanadas por orden de la Fiscalía.

La desaparición de Jamal Khashoggi

Si faltaran pruebas sobre las pésimas consecuencias económicas de la intolerancia y la falta de justicia independiente bastaría prestar atención a las noticias que nos llegan de Arabia Saudí. La monarquía petrolera se halla en el ojo de la tormenta por haber negado la realidad de lo que parece ser un crimen de Estado cometido contra un conocido periodista. Jamal Khashoggi fue visto por última vez hace dos semanas mientras entraba al consulado saudí en Estambul.

Las autoridades turcas parecen tener evidencia de que el día de su desaparición llegaron a Turquía dos jets privados con agentes de servicios especiales. Entre ellos, un especialista en autopsias, conocido por su pericia con sierras eléctricas para cortar huesos. Columnista del diario Washington Post y residente en Estados Unidos, el periodista saudí no era un marginal en su sociedad sino un hombre con relaciones en la familia real, el mundo de los negocios e incluso con la opulenta familia Bin Laden.

Pese a su hostilidad con la prensa crítica, Trump se ha visto obligado a reaccionar y después de una conversación con el rey declaró que el hecho podría ser consecuencia de “asesinos por la libre”. Pero desde ya, varios de los más importantes empresarios del mundo han cancelado su participación en la conferencia llamada “Davos del desierto”, prevista la semana próxima en  la capital saudí.

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