¿De verdad toda nuestra vida pública se reduce a una lucha por el poder y para nadie resulta posible la independencia de criterio y el imperio de la ley?
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Ya teníamos suficientes casos judiciales con repercusiones políticas, como el del juez César Hinostroza, el Fiscal Pedro Chávarry, el ex presidente Pedro Pablo Kuzcynski y el candidato Daniel Urresti. Pero ahora, la víspera de una sesión crucial en el Congreso y a cuatro día de las elecciones locales, el juez supremo Hugo Núñez, añade un nuevo caso al clima de polarización que vive nuestro país. En una rigurosa resolución de 225 páginas, el juez supremo provisional ha anulado el indulto humanitario concedido por el expresidente Kuzcynski al también expresidente Alberto Fujimori.
En su resolución, el juez Núñez ha ejercido el llamado “control convencional”, es decir el examen del cumplimiento por parte de la Justicia peruana de los compromisos adquiridos como Estado parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y aunque no cuestiona el principio de un indulto presidencial humanitario, concluye que las circunstancias en que fue concedido no corresponden a los procedimientos previstos por la ley peruana. Según la justicia, ni la junta médica ni la comisión de gracias presidenciales actuaron respetando los criterios y los plazos del poder presidencial de indultar.
La justicia y la política
El juez recuerda también que el indulto se gestó en un contexto de negociación política cuando estaba en juego el voto de la vacancia del presidente Kuzcynski. Entre las primeras reacciones destaca la de Keiko Fujimori quien atribuyó la decisión judicial al odio de sus enemigos políticos. Horas más tarde, los congresistas fujimoristas pegaron en sus curules carteles diciendo “Basta ya de rencores”, “No al odio”. Y se negaron a retirarlos cuando lo solicitó el presidente Daniel Salaverry. También el ex-abogado de Fujimori, César Nakazaki, hizo una interpretación política de la resolución judicial al sostener que ésta no hubiera sido posible sin el ataque de Keiko Fujimori contra Kuzcynski y contra el grupo liderado por su hermano Kenji.
Es decir que, una vez más, casi nadie parece creer en nuestro país que un juez pueda pensar en términos jurídicos y ser capaz de prescindir de motivaciones y sesgos políticos. ¿De verdad toda nuestra vida pública se reduce a una lucha por el poder y para nadie resulta posible la independencia de criterio y el imperio de la ley? Afortunadamente hay voces que se elevan por encima de los bandos y los sectarismos. Entre ellas la del Embajador Alan Wagner, presidente de la Asociación Civil Transparencia, quien difundió vía Twitter: “Personalmente no estoy de acuerdo con la anulación del indulto al ex Presidente Fujimori, como tampoco lo estuve con la forma y la oportunidad de su otorgamiento. Someterlo nuevamente a prisión me parece una crueldad…”.
Las burlas de Trump
No es consuelo constatar que la misma degradación del los valores republicanos se está viviendo en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos a propósito del nombramiento del Juez Supremo Brett Kavanaugh. El jurista ha sido denunciado por una distinguida profesora de la Universidad de Palo Alto, Christine Blasey Ford, quien se presentó ante el Comité del Senado que debe aprobar el nombramiento del juez.
La señora Ford dijo haber sido víctima de estupro cometido por el hombre propuesto por Trump para ejercer de manera vitalicia en la más alta instancia de la Justicia de su país. Lejos de mostrar solidaridad o por lo menos respeto por su doloroso testimonio, Trump aprovechó de un mitin electoral para burlarse de la profesora y reducir su denuncia a una pura maniobra política de “los liberales”. Uno está tentado de creer que tanto en Estados Unidos como en el Perú, los que solo ven maniobras y cálculos políticos, confirman la sentencia del general Napoleón Bonaparte: “Sin justicia, no hay sino divisiones, víctimas y opresores”.
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