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por Julio Cisneros
·La disposición judicial se dio en el marco de la investigación que afronta la excongresista por el presunto delito de tráfico de influencias en agravio del Estado peruano.
La Corte Suprema confirmó la autorización judicial para levantar el secreto de las comunicaciones de la excongresista Luciana León como parte de una investigación que afronta en la Fiscalía por el presunto delito de tráfico de influencias en agravio del Estado.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema adoptó esta medida al declarar “infundado” el recurso de apelación que presentó la exlegisladora para revocar la resolución que emitió el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, el 21 de noviembre del 2024, en la que aceptó el requerimiento que hizo la Fiscalía de la Nación para que se autorizara la ejecución de dicha medida, en su modalidad de registro histórico, respecto al periodo comprendido entre el uno de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2019.
La exparlamentaria demandaba que se revoque la resolución apelada al sostener que no existen suficientes elementos de convicción para considerar la comisión del Ilícito penal o que la vinculen con los hechos objeto de investigación; que la medida impuesta no es necesaria, ya que su teléfono celular fue incautado, deslacrado, visualizado y se transcribió evidencias digitales que se hallaron.
No obstante, el tribunal supremo determinó que en este caso se investiga un delito concreto (tráfico de influencias), se trata de dos teléfonos utilizados por la investigada (puestos a su disposición por el Congreso en tanto la investigada era congresista), se refiere a un pedido de información estrictamente vinculado a las llamadas, lugar, tiempo, personas involucradas y por un lapso razonable en función a las fechas de comisión del delito.
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“Son dos los teléfonos que utilizaba la investigada y que habían sido puestos a disposición por el Congreso; la información que se pidió comprende un ámbito mayor a lo obtenido por el deslacrado de un teléfono, solo obtenible por la información de las empresas de telefonía; y, el cumplimiento del juicio de idoneidad no se circunscribe únicamente a un teléfono, comprende los dos. No es del caso discriminar solo a un teléfono, cuando dos son que se utilizaban. Por consiguiente, los motivos de apelación no pueden prosperar”, precisa la sala presidida por el juez Supremo César San Martín en su resolución a la que tuvo acceso RPP.
El Ministerio Público investiga a la exlegisladora por presuntamente haber invocado o evidenciado tener influencias –reales o simuladas–, ofreciendo interceder ante funcionarios y/o servidores públicos en favor de terceras personas, lo que le permitiría recibir futuros beneficios.
La exparlamentaria también afronta una investigación preparatoria en el Ministerio Público por una supuesta vinculación con la organización criminal denominada "Los Intocables Edíles de La Victoria".
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