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En La Rotativa del Aire, José Antonio Palacios, abogado de los 16 suboficiales que habrían hecho labores ajenas a su función policial por disposición de Víctor Zanabria en 2020, indicó que el caso no avanzó por varios años y que sus defendidos fueron amenazados de muerte.
El Poder Judicial ordenó ayer, viernes, suspender por 18 meses a Víctor Zanabria Angulo del cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP). Esto tras declarar fundado el requerimiento del Ministerio Público, en el marco de la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de peculado, colusión agravada y abuso de autoridad, en el caso 'Policías albañiles'.
En ese sentido, Zanabria Angulo debería, en las próximas horas, dejar el máximo cargo que ocupa en la institución policial y como jefe del Comando de Operaciones Policiales.
Al respecto, José Antonio Palacios, policía en retiro y abogado de los 16 suboficiales presuntamente agraviados por los hechos investigados, en diálogo con RPP, expresó su conformidad con la disposición judicial, aunque indicó que hubo una demora de años en las diligencias del Ministerio Público y señaló que sus patrocinados habrían sido amenazados de muerte por testificar contra el comandante general.
"Gracias a la inmediata reacción de la defensa y la solicitud del Ministerio Público, hoy se ha logrado -porque esto ya venía durmiendo por mucho tiempo- gracias a nuestra denuncia y los medios de comunicación que ayudaron mucho, esto ahora se pone de manifiesto y se logra algo muy importante y que queda en la historia de la Policía Nacional del Perú: un comandante general de la Policía ha sido retirado del cargo por, justamente, haber elementos de juicio y convicción fuertes y contundentes que determinan que hay un peligro procesal, en este caso, la obstrucción de los testigos", refirió.
"Indicios ya no existen, ahora son evidencias y pruebas sustanciales que hacen que la Fiscalía haya podido probar el peligro procesal para que, finalmente, el juez otorgue esta medida preventiva que, para nosotros, es importantísima porque existía un peligro procesal en las investigaciones, que es que todos los suboficiales, los 16 suboficiales a quien represento -que en ese momento, el año 2020, eran de reciente egreso- estaban atemorizados, aterrorizados, porque incluso existían amenazas de muerte contra estos efectivos", acotó.
Palacios recalcó que los hechos datan de agosto de 2020 y que tuvo que llegar hasta Arequipa para que las investigaciones avancen.
"Esto sucedió en agosto del 2020, estamos terminando ya prácticamente el 2025 y la Fiscalía Anticorrupción de Arequipa, cuando yo tomo conocimiento del hecho, porque me llaman los efectivos aterrorizados […], tuve que viajar desde Lima hasta Arequipa para poder enfrentarme al Ministerio Público y reclamar el motivo por el cual esto se estaba dilatando", aseveró.
¿En qué hechos habría tenido responsabilidad Víctor Zanabria?
El abogado de la parte agraviada indicó que sus defendidos, "al unísono", han testificado contra Zanabria Angulo, "sobre varios hechos delictivos".
"Por ejemplo, el abuso de autoridad porque siendo él jefe de la región ordena a efectivos policiales a realizar una función que no les compete. Un policía no es albañil. El policía no puede ser utilizado como albañil para arreglar, refaccionar o acomodar cualquier ambiente de la Policía Nacional. Un policía se prepara para la seguridad ciudadana", señaló Palacios.
"Segundo punto, si bien es cierto el comandante general alega que los 16 suboficiales de reciente egreso de la escuela, que todavía -como nosotros decimos dentro de la Policía- son como alumnos, fue voluntario. Sin embargo, en la relación oficial de servicios de la Policía Nacional del Perú, el jefe de región daba cuenta a la superioridad de que estos efectivos estaban patrullando en las calles de Arequipa, que estaban haciendo servicio de patrullaje y servicio de Inteligencia en las calles de Arequipa. O sea, estaba mintiendo", agregó.
Palacios aseveró que, incluso, "el rancho que les correspondía no se les otorgaba". Además, también testificó la mayor PNP Del Castillo, quien se acogió a la terminación anticipada, quien refirió que "efectivamente, por orden del general Zanabria, los suboficiales no iban al servicio, sino que se quedaban a realizar trabajos de albañilería".
"Y lo más grave de todo: cuando se toma conocimiento, cuando la Fiscalía va a constatar ese hecho, los hicieron esconder a los suboficiales en los techos, debajo de la cama, en los baños, por todos lados los hicieron esconder para que, finalmente, la Fiscalía no levante el acta correspondiente", sostuvo el letrado.
En esa línea, Palacios enfatizó que hay testigos protegidos en el caso que obtuvieron esa condición "porque tenían el temor, el miedo de ser atentados, de ser perseguidos o que se tome represalias contra ellos. Incluida la mayor [que], por ser testigo, la pasan a situación de retiro, la invitan al retiro".
El abogado de la parte agraviada también indicó que las responsabilidades penales no solo alcanzarían a Zanabria Angulo, sino también a otros funcionarios que siguen ocupando altos cargos en Arequipa.
"En Arequipa, están implicados el comandante general; está implicado el hoy prefecto, el coronel Alarcón, que pese a que están involucrado en ese proceso lo nombraron como prefecto en Arequipa. Está otro coronel también, Cancela, que junto a Alarcón eran los jefes de más alta jerarquía en ese momento en Arequipa, y acá en Lima igualmente, porque el general Zanabria tenía la costumbre de llevarse a este coronel a todas las regiones donde él trabajaba o a todas las direcciones donde él trabajó", explicó.
Finalmente, el letrado indicó que Víctor Zanabria podría recibir una pena no menor de 10 años por los hechos imputados y resaltó que tiene otros procesos abiertos.
"Hay un concurso de delitos y esta pena que se le debe imponer al comandante general no debe bajar de 10 años. Aunado a eso, otro testigo muy importante que es el jefe de obras dice: ‘a mí me debían 200 soles de mi trabajo, pero me depositan 17 500 soles, y de esos 17 500 soles el general Zanabria me dice que se lo entregue’. Entonces, este señor, para evitar problemas, le entrega ese dinero, pero mediante un documento notarial. Eso también se encuentra en la carpeta fiscal y en la acusación fiscal", señaló.
"Ojo, no solamente en Arequipa hay una investigación sobre delitos presuntamente cometidos por el Comandante General, también acá en Lima, en la Fiscalía Anticorrupción de Lima Sur hay investigaciones contra el comandante general por haber estado como director de la Escuela de Formación Nacional y, es más, hoy tenemos conocimiento de que uno de los testigos principales que trabajó directamente con el comandante general de la Policía Nacional del Perú, el mayor Fabián Suárez, ha sido amenazado de muerte. Es más, el 7 de septiembre ha formalizado una denuncia no solamente por la llamada que le hace un comandante refiriendo que es por parte de [Zanabria], sino también ha ampliado su denuncia por conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato en contra de su vida. O sea, es grave la situación que está viviendo nuestra Policía Nacional de Perú", puntualizó.
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