Joseph Campos, representante legal de la mandataria Dina Boluarte, explicó que su patrocinada está a meses de cumplir su mandato y solo se va a suspender "aquello que está vigente".
El abogado constitucionalista Joseph Campos, representante legal de la mandataria Dina Boluarte, señaló que su clienta es "la menos beneficiada" con la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender las investigaciones fiscales en su contra.
Campos destacó que, aunque él considera la decisión satisfactoria desde una perspectiva legal, Boluarte no se beneficia directamente de esta medida. Según el abogado, la suspensión de las investigaciones afecta principalmente el principio de persecución penal, que no debería aplicarse a la máxima autoridad política del país.
"La menos beneficiada de esta decisión del Tribunal Constitucional es la presidenta Boluarte. A meses de cumplir su mandato, se va a suspender solamente aquello que está vigente. La razón eficiente para que haya podido aparecer esta sentencia es lo que le ha ocurrido a ella, que comenzó con una práctica que se habilitó con Pedro Castillo, pero que luego de eso también a Dina Boluarte se lo ha hecho de manera indiscriminada e irresponsable el Ministerio Público", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.
Como se recuerda, la demanda competencial, presentada por la Procuraduría en materia constitucional en representación del Ejecutivo, argumentaba que el Ministerio Público y el Poder Judicial carecían de competencia para investigar a la presidenta en funciones.
Tras ello, el Tribunal Constitucional falló el 15 de julio, y el pronunciamiento fue dado a conocer tres días después, con cinco firmas de los siete magistrados a favor de la decisión.
"El procedimiento de incapacidad moral permanente no debería reducirse a votos"
Más adelante, Campos expresó su preocupación sobre el actual procedimiento para declarar la incapacidad moral permanente de un presidente y su posterior vacancia. Según Campos, este proceso no debería limitarse únicamente a una votación en el Congreso, ya que esto "quita garantías" al implicado.
"Yo sigo también muy crítico de la incapacidad moral permanente, pero creo que finalmente es una forma de centrifugar por encima del nombre, y lo que debiera ocurrir es más bien un mejor procedimiento que la regule (...). El procedimiento de incapacidad moral permanente no debería reducirse a votos. Creo que eso quita garantías", enfatizó.
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