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Esta semana, el Poder Judicial admitió a trámite la demanda de amparo que presentó Delia Espinoza para incorporarse al Ministerio Público. Ella señala que para su designación al JNE se utilizó un "documento falso".
Judiciales
El PJ admitió a trámite la acción de amparo de Espinoza y programó para el 18 de diciembre la audiencia única del caso
El último viernes, el Poder Judicial admitió a trámite la demanda de amparo presentada por la fiscal Delia Espinoza contra la Junta de Fiscales Supremos (JFS) para ser reincorporada al Ministerio Público.
El Quinto Juzgado Constitucional de Lima, que preside el juez Jorge Luis Ramírez, programó la audiencia única de informe oral para el próximo 18 de diciembre a las 11am., la cual se desarrollará de manera virtual.
Sin embargo, esta batalla legal inició el pasado 22 de junio, cuando Espinoza Valenzuela remitió un oficio a la JFS solicitando incorporarse a dicha entidad y cumplir las funciones del cargo para el que fue elegida por concurso público: el de fiscal suprema titular.
Sin explicaciones
El 2 de noviembre del 2022, Espinoza Valenzuela juró como fiscal suprema titular y solo pudo cumplir 24 horas en el puesto. Al día siguiente, en una sesión de la JFS, se decidió que sería designada como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), es decir, que no asumiría ninguna plaza de las fiscalías supremas permanentes o transitorias.
"Yo asumo en principio, de buen talante (…), incorporarme al JNE. Lo que sucede es que luego de la reunión del 3 de noviembre, se me entregan recién los documentos con los cuales la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, había expuesto la imposibilidad de que yo me integre a la junta de supremos porque, presuntamente, no había presupuesto y no había un despacho para que me incorpore", indicó Espinoza en Ampliación de Noticias.
En este punto, la magistrada arguye que en la sesión se presentó un "documento falso" para justificar su designación como representante ante el JNE.
"Cuando me doy cuenta del documento falso de la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales (OREF) (...) de que la Dra. Benavides estaba ocupando una fiscalía suprema a la que yo debía ir, y que al mismo tiempo era fiscal de la Nación, esa es una falsedad", subrayó.
Además, indicó que "la otra falsedad" es que el representante del JNE no ocupa una plaza en el Ministerio Público. "Son dos cosas que encuentro absolutamente irregulares", resaltó.
En ese sentido, Espinoza indicó que el oficio que remitió en junio de este año a la JFS contenía "formalmente" su "petición sustentada" para retornar a la entidad.
"Incluso les hago ver la falsedad de este documento de OREF que, actualmente, está en investigación penal por delitos", aseveró.
Pero la respuesta que obtuvo por parte de los fiscales supremos titulares no fue la esperada.
"El 17 de octubre -luego de 4 meses y muchas postergaciones injustificadas- se me da una respuesta muy breve de que desestiman por mayoría mi reincorporación a la Junta de Fiscales Supremos. Lo más grave es que esa decisión (…) se me da sin motivación, y esa es una de las razones que sustentan el amparo que he presentado", señaló.
A la luz de los hechos, cabe preguntarse ¿qué ocurrió exactamente en aquella sesión de fiscales supremos del 3 de noviembre del 2022 y qué decía el documento que se aludió en la sesión y que Espinoza Valenzuela califica como falso?
La sesión del 3 de noviembre
En la sesión del 3 de noviembre -según indicó Espinoza- estuvieron presentes la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y los fiscales supremos Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena, además de ella. En la sesión, Benavides Vargas habría hecho mención de los despachos supremos y sus respectivos fiscales supremos titulares que los ocupaban.
Fue entonces cuando surgió la idea de enviar un fiscal titular al JNE y, por mayoría, se decidió que fuera Delia Espinoza. No obstante, en la sesión no se les habría entregado el documento que indicaba la distribución de los despachos señalados.
Cuando Espinoza Valenzuela pudo acceder al referido documento, se encontró con que Patricia Benavides aparecía ocupando la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y se especificaba que venía desempeñándose también como fiscal de la Nación, cargo que amerita exclusividad, conforme a las normas.
"La doctora Benavides sabe que su decisión y la de los colegas Pablo Sánchez y Juan Villena ha sido basada en un documento con contenido falso (…), y la respuesta que me dan es sin motivación y eso afecta a la Constitución que dice que toda resolución de una autoridad debe ser debidamente motivada", indicó Delia Espinoza.
"El impacto que tiene el hecho de impedir que una fiscal titular, nombrada después de un concurso público satisfaciendo todos los requisitos y exámenes, es un impacto muy fuerte que afecta al Ministerio Público ya que no puedo integrarme para fortalecer la buena marcha de la institución", agregó.
Además, según información a la que habría accedido en octubre del 2022, sí había "7 plazas presupuestadas de Fiscales Supremos, de las cuales 4 son permanentes (...) y 2 transitorias" para ese año, algo que no se condice con los argumentos que esgrimió Patricia Benavides en la sesión.
"Se prioriza la provisionalidad"
Actualmente, algunas fiscalías supremas se encuentran a cargo de fiscales supremos provisionales ante la supuesta falta de fiscales supremos titulares. Estos son designados por la fiscal de la Nación.
Ante ello, Espinoza Valverde considera que esto es un "craso error de gestión" ya que "si no incorporan a un miembro titular y privilegian a los provisionales (...), todo eso trae consecuencias que afectan a la institución y a la sociedad".
"Mi demanda de amparo tiene esas dos peticiones: priorizar la titularidad antes que la provisionalidad, porque eso afecta la autonomía e independencia del Ministerio Público. No es lo mismo tener fiscales titulares gobernando el Ministerio Público que tener fiscales provisionales supremos que tienen casos incluso emblemáticos", explicó.
"Todo eso termina impactando finalmente en las opiniones que se pueden dar con leyes, como la que eleva la sanción penal de 30 años a los que cometen robos agravados (…) Eso no va a resolver nada, está comprobado que la elevación solo de la cantidad de pena no soluciona ni hace retroceder la delincuencia. Para eso, debe estar el equipo completo de fiscales titulares, porque todo eso se evalúa", añadió.
Respecto a su solicitud de medida cautelar, la magistrada dijo esperar que esta se responda "de manera urgente".
"Yo espero que el juzgado constitucional que conoce el caso me (la) conceda, porque está absolutamente comprobado y acreditado el derecho que me asiste personal e institucionalmente al Ministerio Público: la afectación a la autonomía, a la titularidad, y sobre todo a mi derecho a la estabilidad y permanencia en el cargo para el que fui elegida luego de un concurso público", puntualizó.
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Luis Felipe Rodriguez Jimenez Redactor web / Periodista
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