El Congreso y el sistema judicial, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

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La Comisión Permanente del Congreso votó ayer por holgada mayoría la destitución y la inhabilitación por diez años de los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia. La “grave infracción constitucional” que se les reprocha es haber mantenido en funciones a la magistrada Inés Tello cuando sobrepasó la edad de 75 años. 

De nada sirvió que se recordara que el por entonces presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, precisara durante el concurso público que la señora Tello ejercería sus funciones durante cinco años. Y que el defensor del Pueblo Walter Gutiérrez le tomara juramento por cinco años, sabiéndose que tenía por entonces 74 años. 

La señora Tello fue destituida con 19 votos, contra seis que consideraron que no procedía la destitución. Una votación parecida tuvieron los otros seis miembros. Si el Pleno del Congreso mantiene la destitución, pues no funcionará una Junta Nacional de Justicia hasta que no se elija otra, puesto que de los miembros suplentes solo cuatro tienen menos de 75 años y el mínimo para el quorum es de 5. 

Eso quiere decir que no se podrá nombrar ni sancionar jueces y fiscales y que procedimientos como el que se sigue a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides quedarían paralizados. Tampoco se podrá nombrar a los miembros de la ONPE y de Reniec, organismos electorales cuyos miembros son nombrados por la Junta. 

El próximo 6 de marzo sabremos si las exhortaciones de César Acuña y Luis Valdez a no proceder de manera precipitada y, menos aún vengativa, se traducen en el voto de los miembros de la bancada de APP. 

También el secretario general de Fuerza Popular ha formulado declaraciones prudentes, pero sólo el miércoles próximo sabremos a qué apunta el fujimorismo. Por ahora lo único seguro es que nuestra institucionalidad democrática enfrenta una nueva y grave crisis. Precisamente cuando más necesitábamos de una justicia independiente y ajena a los intereses políticos de unos y otros.

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