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por Julio Cisneros
·La decisión judicial se enmarca en el caso que implica al congresista en los presuntos delitos de concusion, peculado por utilización y peculado de uso en agravio del Estado, luego que un reportaje denunciara que trabajadores de su despacho habrían participado, en horario laboral, en el recojo de firmas para la inscripción del movimiento regional 'Adelante Ancash'.
El Poder Judicial rechazó el pedido fiscal para que se autorizará levantar el secreto de las comunicaciones de seis computadoras del despacho del congresista Darwin Espinoza así como de una laptop en la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de peculado por uso y otros en agravio del estado.
El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley desestimó el requerimiento que hizo la Fiscalía de la Nación para que se ordenara la ejecución de dicha medida en la modalidad de acceso, lectura, visualización, extracción de información, transcripción e impresión de contenido relevante de los dispositivos de almacenamiento portátil ( disco duro externo) que contiene la extracción de una copia forense ( copia espejo) de la información almacenada en estás computadoras que eran utilizadas por siete servidores de este despacho congresal.
La Fiscalía de la Nación también había requerido autorización judicial para levantar el secreto de las comunicaciones en la modalidad de acceso, lectura, visualización, extracción de copia forense [copia espejo] trascripción e impresión de un equipo informático (una laptop) en este caso.
Mediante una resolución emitida el último 3 de septiembre, el magistrado determinó que en este caso corresponde declarar la "sustracción de la materia" en atención a que el 20 de diciembre del 2024 la Fiscalía de la Nación ya presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el Legislador Darwin Espinoza.
El Ministerio Público denunció a Espinoza por los presuntos delitos de concusion, peculado por utilización y peculado de uso en agravio del Estado luego que un reportaje emitido por el programa Punto Final diera cuenta que trabajadores de su despacho congresal habrían participado , en horario laboral, en el recojo de firmas para la inscripción del movimiento regional 'Adelante Ancash'.
El juez Checkley Soria precisa que mientras esta denuncia constitucional se encuentre en trámite ante el Congreso de la República y no se haya levantado la inmunidad parlamentaria a dicho legislador, su despacho carece de competencia para continuar con las actuaciones procesales.
"Solo si en el foro parlamentario se aprueba la acusación constitucional y se dispone posteriormente la formalización de la investigación preparatoria, este Juzgado Supremo asume competencia para continuar con las actuaciones procesales. En consecuencia, el requerimiento fiscal debe ser desestimado" concluye el magistrado en su resolución.
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