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por Oswaldo Palacios
·En RPP, la abogada Silvana Carrión calificó su remoción como una muestra de injerencia política en la Procuraduría General del Estado y de subordinación a intereses partidarios.
La abogada Silvana Carrión, quien se desempeñó durante más de cinco años como procuradora ad hoc del caso Lava Jato, denunció que su reciente destitución fue resultado de una "injerencia política" encabezada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y facilitada por cambios en el Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado (PGE).
En el programa Prueba de fuego, de RPP TV, Carrión afirmó que recibió mensajes insistentes de López Aliaga entre fines de mayo y junio, exigiéndole que aceptara un procedimiento de Discovery, iniciado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), contra la empresa Brookfield en Estados Unidos, relacionado con el caso Rutas de Lima.
"El alcalde me escribía todos los días [a fines de mayo], varios mensajes al día, sábados y domingos, tratando de presionarme para que yo tome una decisión respecto al pedido que él había hecho", señaló.
Según Carrión, el también líder del partido conservador Renovación Popular la amenazó con denunciarla ante la prensa por su "comportamiento", lo que, posteriormente, se tradujo en una campaña mediática en su contra, además de requerir su destitución en al menos tres ocasiones: el 9 y 15 de junio, y nuevamente el 18 de agosto. Estas solicitudes, precisó, están registradas en actas del Consejo Directivo de la Procuraduría General.
"Esos son documentos que están referidos en el acta de Consejo Directivo [de la Procuraduría General] del día de hoy y así expresamente dice que por pedido del alcalde de la Municipalidad de Lima se va a evaluar el tema de mi cese", detalló.
"Hay una clara injerencia política y el sometimiento de la Procuraduría General del Estado"
Silvana Carrión sostuvo que el cambio del representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el Consejo Ejecutivo, ocurrido tras la designación de Juan José Santiváñez como titular del sector, fue determinante para su remoción.
Explicó que, con la nueva representación, el Consejo Directivo de la Procuraduría General convocó a una sesión extraordinaria en la que finalmente se aprobó su cese.
"Quiero evidenciar y denunciar una arbitrariedad. No se evaluaron mis funciones, resultados ni logros. Solo se consideró el pedido del alcalde, quien no quiere que continúe una procuradora que lo investiga por el cobro de reparación civil", advirtió.
El mes pasado, la entonces procuradora ad hoc del caso Lava Jato solicitó al Poder Judicial incorporar al partido Renovación Popular, liderado por López Aliaga, como tercero civilmente responsable en la investigación por presuntos aportes ilícitos de las empresas Odebrecht y OAS a las campañas de Solidaridad Nacional (hoy Renovación Popular) en los años 2011 y 2014.
"Entonces, aquí hay una clara injerencia política y el sometimiento lamentable de la Procuraduría General del Estado a los intereses políticos, porque la evaluación no ha sido técnica, ha sido política", concluyó.
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