por Sergio Espinoza
·El expresidente Ollanta Humala y la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, anunciaron que pedirán al Poder Judicial aplicar el mismo criterio por el cual se anuló el caso ‘Cócteles’
Después de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenó anular la investigación y la acusación en contra de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por los supuestos delitos de lavado de activos y organización criminal, ha surgido la interrogante de las repercusiones del fallo en otros procesos donde se ha imputado lavado de activos vinculado a aportes de campaña.
Con los votos de los magistrados Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez, el máximo intérprete de la Constitución determinó que la causa contra Fujimori vulneró el principio de legalidad y el derecho a un plazo razonable en la administración de justicia.
El denominado caso ‘Cócteles’ se abrió contra Keiko Fujimori y otros dirigentes del partido naranja por el supuesto financiamiento irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016 con dinero de empresas privadas, que la agrupación fujimorista explicó como una serie de ‘cócteles’ en los que participaron simpatizantes.
Entre los supuestos aportantes irregulares a las campañas de Fujimori estuvieron la empresa brasileña Odebrecht y varios conglomerados económicos peruanos, lo que llevó a la Fiscalía a considerar que se había conformado una "organización criminal".
En el habeas corpus presentado al TC, la abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, argumentó que la legislación penal peruana tipifica el financiamiento prohibido de los partidos políticos desde agosto de 2019.
Antes de esa fecha – señalaba la defensa – las donaciones privadas a partidos no se hallaban tipificadas como lavado de activos en el Código Penal.
Repercusiones tras el fallo a favor de Keiko Fujimori
El expresidente Ollanta Humala, sentenciado a 15 años de prisión por financiar irregularmente sus campañas de 2006 y 2011 con fondos de Hugo Chávez y de Odebrecht, reaccionó al fallo del TC que anuló el denominado caso ‘Cócteles’ y alegó que este precedente establece que “los aportes de campaña” no constituyen delito.
El exmandatario, quien cumple la sentenciado por el delito de lavado de activos en el penal de Barbadillo, alegó que vive “un acoso judicial” y anunció que peleará por su libertad.
Por su parte, Merly Edquen, abogada exalcaldesa Susana Villarán, pedirá al Poder Judicial aplicar el mismo criterio que utilizó el TC para dejar sin efecto la investigación seguida a Fujimori Higuchi, con la premisa de que su clienta no habría incurrido en el delito de lavado de activos.
La exautoridad edil afronta una investigación por los supuestos delitos de asociación ilícita, colusión, lavado de activos y falsa declaración en procedimiento administrativo.
Villarán ha admitido previamente que sí recibió dinero de las empresas Odebrecht y OAS para su campaña por “NO” a su revocatoria en 2013 y su intento de reelección al año siguiente.
¿En qué casos de podría aplicar?
El abogado especialista en Derecho Penal, Julio Rodríguez Delgado, opinó que la sentencia del TC podría tener un efecto extensivo; es decir, puede ser homologado con otros casos. No obstante, hay casos donde será imposible aplicar este criterio.
En el programa Ampliación de Noticias, Rodríguez Delgado consideró que en el caso de Susana Villarán será “imposible” aplicar esta figura, porque – explicó – recibió los aportes en su condición de funcionaria pública en ejercicio.
“En su caso le dieron en pleno momento de la revocatoria y cuando ella era todavía era alcaldesa para que sea reelecta”, declaró.
El letrado indicó que el expresidente Ollanta Humala sí podría beneficiarse con el fallo, pero solo en el caso por los aportes a sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.
“En el caso Ollanta Humala… va a ser posible la homologación”, aseveró.
Empero, enfatizó que el exmandatario afronta otro proceso por el caso ‘Gasoducto del Sur’, donde la Fiscalía pide una condena de 35 años de prisión efectiva contra él y su esposa, Nadine Heredia, por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada.
“Tiene un proceso vigente por la refinería, entonces ahí es obvio que no habrá posibilidad”, enfatizó.
El Tribunal Constitucional ha cometido un “legicidio”, señala Carlos Torres Caro
Mientras tanto, el constitucionalista y excongresista Carlos Torres Caro consideró que la disposición del TC es un “legicidio”, al considerar que la propia institución ha puesto en riesgo su legitimidad y vigencia.
Según explicó, el recurso interpuesto por Fujimori solo procede cuando “está en peligro la libertad personal”, pero – a su criterio – no se cumplía este criterio en el caso de la lideresa de Fuerza Popular.
Además, criticó que el TC haya sostenido que en los años 2011 y 2016 no existía un tipo penal aplicable a Fujimori, bajo el argumento de que el delito de organización criminal apareció recién en 2019.
“Eso es insostenible, porque el lavado de activos existe desde 1991, inicialmente vinculado al narcotráfico, y fue ampliado en 2012 para abarcar otros delitos”, cuestionó.
A modo de ejemplo, el exlegislador dijo: “Si un político mata a alguien en 2016 y luego, en 2019, el Congreso aprueba una norma específica sobre políticos homicidas, el TC ha dicho que como la norma es posterior, el hecho es atípico y el político puede irse a su casa. Eso es exactamente lo que ha pasado”.
Finalmente, advirtió que el Tribunal Constitucional ha entrado en un terreno “peligrosísimo”, al asumir funciones propias del Poder Judicial y del Ministerio Público. “
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