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José Domingo Pérez indicó que la disposición de la ANC del Ministerio Público que le impide ingresar a su oficina no le permite supervisar el inventario de los expedientes. Consideró este hecho como parte de una "criminalización" contra fiscales "que son incómodos para el poder".
José Domingo Pérez denunció esta tarde en RPP que una disposición de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público le impidió ingresar a su oficina, no solo para retirar sus enseres personales, sino también para supervisar el inventario de los expedientes y hacer el traspaso del cargo a su reemplazo. Esto luego de que dicha entidad le notificara ayer su supensión, por 6 meses, como fiscal provincial del Primer Despacho del Equipo Especial de Fiscales para los casos Odebrecht y Lava Jato.
Al respecto, el suspendido fiscal advirtió que habría riesgo de que documentos de su oficina sean "alterados", como aquellos concernientes al caso Cócteles, donde se tenía que "firmar la acusación correspondiente".
"Lo habitual sería que me permitieran hacer la entrega de cargo, el inventario […], pero a la persona que sea designada en mi reemplazo, porque las investigaciones y los expedientes tienen pruebas que son sensibles, tienen cuadernos reservados de procesos reservados, tienen pruebas materiales que yo tengo que entregar a una persona", sostuvo.
"[Hay riesgo] que puedan comenzar a alterar la documentación que está en los expedientes [...] Es que ahora no hay quien jefature la oficina. Esto se notificó el día de ayer, ya al finalizar la jornada. No sabemos [o] por lo menos yo no sé quién es la persona que me está reemplazando. Espero que se hayan tomado las medidas necesarias para cautelar la seguridad de esa oficina", enfatizó.
Asimismo, consideró esta situación como un "maltrato" de parte del jefe de la ANC, Juan Antonio Fernández Jerí, y señaló que ha interpuesto una denuncia policial "contra aquellos que resulten responsables" por estos hechos.
"El señor Jerí es quien ha dado la autorización para que no se me permita el ingreso. Yo denuncio a quienes, en ese momento, la han ejecutado y serán las investigaciones que tengan que determinar cuál es el accionar que viene teniendo el señor Fernández Jerí en la institución", aseveró.
"He cumplido como fiscal suspendido, a pesar de este maltrato del que vengo siendo víctima, pero me queda claro que no solamente es afectarme en lo que viene a ser esta condición de fiscal que tengo de muchos años, sino este es un mensaje que se envía a los demás fiscales del Ministerio Público para que tengan temor de hacer su labor”, agregó.
En ese sentido, indicó que lo que espera es que sea habilitado "para poder ir a la Fiscalía y hacer la entrega de mi cargo". "No soy responsable de lo que pueda suceder el día de hoy en los expedientes", remarcó.
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"Se ha desatado la persecución y la criminalización de fiscales que son incómodos para el poder"
En otro momento, Domingo Pérez indicó que su suspensión sería parte de una "persecución y criminalización de fiscales que son incómodos para el poder", con lo que se estaría dando el mensaje de que "hay personas que no pueden ser investigadas".
"Lo vengo denunciando no solamente a nivel nacional, sino lo vengo denunciando a nivel internacional. Se ha desatado la persecución y la criminalización de fiscales que son incómodos para el poder, para el poder económico, para el poder de turno en este momento, y se han adoptado medidas para sancionarlos y mandar un claro mensaje, que hay personajes y hay personas que no pueden ser investigadas, no pueden ser acusadas, que hay una impunidad que sobre ellas o sobre estas personas reina", indicó.
En esa línea, señaló que durante el tiempo que dure su separación del cargo se dedicará "a hacer activismo en defensa de los fiscales que están en esta misma situación que la mía".
"La situación de los fiscales es la imposibilidad de salir a los medios de comunicación a informar, a evitar toda esa desinformación, ese maltrato que se está viviendo actualmente en la institución y en la cual somos víctimas de otras instituciones, un maltrato que tenemos que soportar en donde se nos está culpando de un problema social como es la inseguridad ciudadana, cuando sabemos que este es un problema que se ha originado a partir de que se ha ido modificando la política criminal del Estado", sostuvo.
Además, indicó que si se le retira el reguardo policial informará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no se estaría cumpliendo con las medidas de protección que dicho organismo dispuso que el Estado peruano le garantizara.
"La seguridad me la ha dado el Ministerio del Interior, porque la CIDH le ha ordenado al Estado peruano y, por lo tanto, la seguridad y el vehículo en el cual, usualmente, me desplazaba va a depender de qué decisión se vaya a adoptar", refirió.
"La decisión inmediata ha sido que no ingrese a la fiscalía. Bueno, vengo y denuncio ese hecho. Si es que luego se retira al personal de seguridad policial o alguna otra afectación, y se me pone en una vulneración más grave, todo esto yo tengo que estar informando a la CIDH", puntualizó.
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Luis Felipe Rodriguez Jimenez Redactor web / Periodista
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